La SCJN avala por unanimidad que patrones garanticen vivienda y comida a jornaleros agrícolas.
El pleno de la Corte declaró constitucional la reforma de 2024 que obliga a empleadores del campo a proveer habitación digna y alimentación sana a sus trabajadores.
NACIONAL • 06 Ago, 2026 07:10 h
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer la validez de las reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, que establecen la obligación patronal de otorgar vivienda digna y gratuita, alimentación sana, atención médica, guarderías y capacitación a los jornaleros. Por unanimidad, el pleno negó el amparo a las empresas Agrícola Alerco, Agriexport y Agrícola Reyes Pesqueira, que argumentaban que estas prestaciones corresponden al Estado.
La ministra Yasmín Esquivel, ponente de los tres proyectos, subrayó que las medidas no representan cargas desproporcionadas, sino mecanismos para proteger los derechos humanos de un sector históricamente vulnerable. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, destacó el impacto social de la decisión, al recordar las condiciones precarias que enfrentan miles de familias migrantes que viajan del sur al norte del país para trabajar en el campo.
Mencionó que en 2015, jornaleros de San Quintín, Ensenada, se movilizaron para denunciar salarios de 70 a 80 pesos diarios y viviendas hacinadas, casi en condiciones de tiendas de raya. La ministra Lenia Batres citó cifras oficiales que indican que 3.
4 millones de personas laboran en el sector agrícola, de las cuales más del 80 por ciento se encuentra en la informalidad, lo que refleja una alta marginación histórica. La ministra Loretta Ortiz afirmó que la reforma de 2024 atendió una realidad social urgente, lejos de imponer cargas arbitrarias a los empleadores. La Corte aclaró que las aportaciones al Infonavit no sustituyen la obligación de proporcionar habitaciones dignas durante la relación laboral. Esta resolución sienta un precedente clave para garantizar condiciones de vida justas a los trabajadores del campo, un sector esencial pero abandonado. La decisión obliga a las empresas a cumplir con estándares internacionales de habitabilidad y alimentación, lo que podría transformar las dinámicas laborales en el agro mexicano y proteger a miles de familias indígenas y migrantes.
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