Secuestro de activista en Santa María Jacatepec: organizaciones exigen aparición con vida de Jorge Procopio

El activista Jorge Antonio Procopio fue secuestrado junto a su hermano por un comando armado en su domicilio de Santa María Jacatepec, Oaxaca. Los hechos ocurrieron la tarde del día anterior cuando sujetos en dos vehículos sin placas irrumpieron en su vivienda, sometieron a los hermanos frente a su familia y se los llevaron a un destino desconocido.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre su paradero ni se ha reportado ninguna detención formal por parte de las autoridades competentes. La comunidad y las organizaciones civiles denuncian la inacción estatal ante este grave hecho.

Jorge Antonio Procopio es un reconocido defensor del territorio comunal en la región chinanteca, integrante de la organización del Consejo Nacional de Pueblos en Lucha. Su labor se ha centrado en la defensa de tierras que, desde hace dos años, enfrentan intentos de despojo por parte de grupos de poder.

Previo al secuestro, el activista había reportado estar bajo vigilancia por hombres no identificados, lo que señala un patrón de hostigamiento.

Las organizaciones a las que pertenece enfatizan que su trabajo es pacífico y legal, y que no estaba involucrado en las movilizaciones sociales recientes de la zona. La respuesta social fue inmediata, con una manifestación frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca exigiendo la localización y aparición con vida de los hermanos Procopio.

La Sección XXII del magisterio y diversas organizaciones civiles demandaron la activación inmediata de protocolos de búsqueda y la instalación de una mesa de diálogo resolutiva. Asimismo, solicitaron garantías de seguridad para la familia de las víctimas y para todos los integrantes de las organizaciones defensoras en la Cuenca, ante el evidente clima de riesgo e impunidad.

Este secuestro ocurre en un contexto de alta tensión por la defensa de la tierra en Santa María Jacatepec, donde los conflictos por el territorio comunal son recurrentes. La falta de una respuesta contundente de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Gobierno incrementa la desconfianza y el temor entre la población.

Las consecuencias de este acto podrían intensificar la conflictividad social y enviar un mensaje de intimidación a otros defensores de derechos humanos y tierra en la región, poniendo en evidencia la vulnerabilidad en la que ejercen su labor..