Secuestro y asesinato de mineros en Sinaloa: crimen organizado confunde a empleados de Viszla Silver

El secuestro y asesinato de diez empleados de la minera canadiense Viszla Silver en Sinaloa, atribuido por autoridades a una confusión de un grupo delincuencial, ha expuesto la crítica situación de seguridad en la entidad. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, declaró que no había antecedentes de extorsión contra la empresa, pese a que esta había suspendido previamente trabajos en su Proyecto Pánuco por inseguridad.

Este episodio se enmarca en una escalada de violencia en el estado tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, con un aumento del 67. 6% en el promedio de homicidios diarios entre 2024 y 2025. La respuesta oficial, que atribuye la tragedia a un error criminal y minimiza el problema de fondo, no ofrece consuelo a las familias ni confianza a los inversionistas.

Las acciones de Viszla Silver se desplomaron en los mercados, reflejando el severo daño reputacional y operativo. La industria minera en México ya enfrentaba un entorno complejo por las políticas restrictivas de los últimos años.

El gobierno anterior suspendió nuevas concesiones, redujo su duración de 50 a 15 años y buscó limitar la minería a cielo abierto, además de nacionalizar el litio. Aunque la minería contribuye con el 4.

7% del PIB y genera empleos bien remunerados, principalmente en zonas pobres, la incertidumbre regulatoria era ya un lastre. La presidenta Sheinbaum detuvo algunas medidas, como la prohibición de minería a cielo abierto, al vislumbrar su impacto económico, pero el clima de desconfianza persistía.

El crimen organizado emerge ahora como una amenaza aún más directa y letal para la viabilidad de los proyectos. Las consecuencias de este ataque trascienden la tragedia humana y apuntan a una posible fuga de inversiones.

El mensaje para las empresas mineras internacionales es alarmante: operar en México implica navegar no solo una maraña regulatoria hostil, sino también un riesgo de seguridad extremo donde sus trabajadores son blanco de violencia criminal. Muchas compañías se preguntan si tiene sentido mantener sus operaciones en el país.

Lo que la política no logró acabar, podría conseguirlo la inseguridad, poniendo en riesgo miles de empleos y actividad económica en regiones que dependen de esta industria. Este caso, junto a otros secuestros recientes en Sinaloa como el de cinco hombres en la carretera Los Mochis-Ahome, subraya que la violencia es generalizada y la explicación de la confusión resulta insuficiente y cínic.