Sedena y Sinaloa se culpan por nombramiento de Gerardo Mérida ante la justicia de EU
El Ejército reconoce su recomendación, pero el gobierno estatal insiste en que la decisión fue de la Sedena, mientras avanza el caso judicial.
SEGURIDAD • 16 Jun, 2026 17:20 h
La polémica por el nombramiento de Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad de Sinaloa escaló este martes, cuando el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, deslindó al Ejército de responsabilidades. Durante la conferencia matutina, Trevilla admitió que la institución castrense sí emitió una opinión y recomendación al gobierno de Rubén Rocha Moya sobre el hoy detenido, pero subrayó que los estados son autónomos en sus decisiones. “Piden la opinión: ¿cómo fue este general en su ruta profesional? y se da la opinión.
Así es como sucedió”, explicó, en respuesta a las acusaciones de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, quien en mayo afirmó que Mérida fue enviado por la Sedena. El caso de Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad de Sinaloa, ha generado un cruce de señalamientos entre la Sedena y el gobierno estatal.
Mientras Bonilla sostiene que el nombramiento fue una decisión directa de la dependencia federal, Trevilla insiste en que solo se limitaron a recomendar. El militar en retiro fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseerlo, delitos que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.
Mérida se declaró no culpable y su próxima audiencia fue programada para el 4 de agosto. El contexto del caso revela la complejidad de las relaciones entre el Ejército y los gobiernos estatales en México, especialmente en regiones como Sinaloa, donde el crimen organizado tiene fuerte presencia.
La jueza Katherine Polk, quien preside el caso en una corte federal de Nueva York, otorgó 60 días para que la evidencia sea procesada y entregada a la defensa, señalando que el material es abundante y que hay muchos acusados “llegando en olas”. Este proceso judicial no solo pone en jaque a Mérida, sino que también expone las tensiones políticas y de seguridad en el estado, mientras el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa..
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