Seguridad pública en México: ¿Garantía de derechos o herramienta de control?

La seguridad pública en México enfrenta un debate crucial tras la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, conocida como Ley Espía. Esta normativa otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso a datos personales de los ciudadanos, incluyendo información biométrica, financiera y de telecomunicaciones. Organizaciones civiles y expertos alertan sobre riesgos para la privacidad y el Estado de derecho, especialmente tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI). El contexto de esta ley se enmarca en una tendencia global donde democracias consolidadas priorizan la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que regímenes autoritarios usan la seguridad como pretexto para el control. Países como Dinamarca o Canadá fortalecen instituciones independientes, pero en México, la militarización de la seguridad y la concentración de poder en la SSPC preocupan a defensores de derechos humanos.

La ley permite la interconexión de bases de datos públicas y privadas sin claridad sobre sanciones por mal uso, lo que abre la puerta a abusos. Las consecuencias podrían ser graves: desde persecución política hasta vigilancia masiva sin controles. La falta de un órgano autónomo que supervise el manejo de datos personales agrava los riesgos. Mientras el gobierno argumenta que la ley es necesaria para combatir el crimen, críticos exigen su revisión para evitar que la seguridad pública se convierta en un instrumento de opresión. La discusión sigue abierta, pero la ciudadanía demanda garantías para sus derechos fundamentales.