Semana Santa en Guerrero: 52 muertes por violencia y accidentes ensombrecen operativo de seguridad

El periodo vacacional de Semana Santa en Guerrero concluyó con un saldo luctuoso de 52 muertes, evidenciando una grave crisis de seguridad pública y protección civil. Según los reportes oficiales y fuentes de seguridad, entre el 28 de marzo y el 5 de abril se registraron 34 asesinatos, muchos de ellos con extrema violencia, mientras que 18 personas fallecieron en accidentes viales y por ahogamiento en playas y ríos.

Este balance contrasta drásticamente con el despliegue de 9,600 elementos de fuerzas policiales y militares anunciado por el gobierno estatal para el Operativo Vacacional Semana Santa 2026, comandado por la gobernadora Evelyn Salgado. La violencia se concentró en regiones como la Montaña, la Costa Chica y Acapulco, con episodios de brutalidad extrema que incluyeron desmembramientos y emboscadas.

Los hechos ocurrieron en un contexto donde la administración estatal había prometido un dispositivo de seguridad reforzado por aire, mar y tierra en todo el territorio guerrerense para garantizar la paz durante la temporada turística. La violencia no solo no cedió, sino que se ensañó con poblaciones vulnerables, incluyendo a cuatro mujeres, tres niños y adolescentes, y una persona de la comunidad transgénero.

Un caso que conmocionó a la Costa Chica fue el asesinato de un electricista y su hijo de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado días después en un panteón.

Estos eventos sucedieron incluso horas después de que la mandataria estatal se reuniera con transportistas en Ometepec, quienes solicitaron mayor seguridad, y tras la inauguración de una feria municipal en la misma localidad. Las consecuencias de esta ola de violencia y accidentes son múltiples y profundas.

En primer lugar, se evidencia un severo cuestionamiento a la capacidad del gobierno de Evelyn Salgado para contener la criminalidad, a pesar de los cuantiosos recursos humanos destinados al operativo. La imagen del estado como destino turístico se ve nuevamente dañada, impactando potencialmente su economía local que depende significativamente del turismo nacional.

Socialmente, las comunidades afectadas, especialmente en municipios como Olinalá donde se reportaron 14 homicidios, quedan sumidas en el trauma y el miedo. Por otro lado, las muertes por ahogamiento y accidentes de tránsito, que incluyeron a una familia completa del Estado de México y hasta a su mascota, ponen en tela de juicio la efectividad de los protocolos de prevención y auxilio en playas y carreteras durante temporadas de alta afluencia.

Este trágico balance deja una sombra de impunidad y desgobierno, reforzando la percepción de que Guerrero enfrenta desafíos de seguridad y gestión de riesgos que las estrategias gubernamentales actuales no logran mitigar..