Senado aprueba polémica reforma electoral Plan B mientras ONGs críticas enfrentan hostigamiento fiscal

El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como Plan B, cuyo elemento más controvertido es la modificación al mecanismo de revocación de mandato presidencial. Esta modificación podría transformar un proceso que debería ser ciudadano en uno impulsado desde el propio poder, alterando su naturaleza.

Aunque el gobierno la presenta como una medida de austeridad, la reforma incluye disposiciones uniformizantes que restan autonomía a municipios y estados, sin abordar problemas urgentes como la injerencia del crimen organizado en los comicios. Este contexto legislativo ocurre en un escenario de creciente preocupación por el retroceso democrático en México.

Estudios internacionales como el Proyecto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo ya clasifican al país como una autocracia electoral, señalando un deterioro constante en los indicadores de libertades civiles y calidad institucional. La reforma parece ignorar estas alertas y se enfoca en cambios que, según expertos, centralizan el poder y no fortalecen la competencia política ni la integridad de las elecciones.

Paralelamente, organizaciones no gubernamentales clave enfrentan un claro hostigamiento. El Servicio de Administración Tributaria ha revocado el estatus de donatarias autorizadas a entidades como México Evalúa, Mexicanos Primero y el IMCO, privándolas de recibir donativos deducibles.

Estas ONGs son reconocidas por su trabajo en evaluación de políticas públicas, combate a la corrupción, educación y competitividad. La medida contrasta con la rápida autorización a fundaciones afines al gobierno anterior, evidenciando un doble estándar preocupante.

Las consecuencias de estas acciones son profundas. Por un lado, la reforma electoral Plan B, aunque diluida, consolida una tendencia hacia el control central y debilita contrapesos.

Por otro, el acoso fiscal a las ONGs críticas busca silenciar voces independientes que monitorean el poder y defienden derechos, dejando a la sociedad sin herramientas clave para la rendición de cuentas. Amnistía Internacional advierte que esto forma parte de una tendencia regional de leyes anti-ONG que erosionan la democracia.

La combinación de ambos fenómenos configura un panorama donde los espacios cívicos se reducen y la calidad de la democracia mexicana continúa en declive, alejándose de los estándares internacionales sin que existan iniciativas reales para revertir esta peligrosa trayectoria..