Senado propone prohibir la carta de no antecedentes penales en contrataciones laborales en México

Una iniciativa presentada en el Senado de la República propone modificar la Ley Federal del Trabajo para impedir que las empresas soliciten de manera generalizada la carta de no antecedentes penales como requisito para contratar o ascender a un trabajador. El proyecto, impulsado por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, plantea adicionar una fracción al artículo 133 de la ley para regular esta práctica.

La reforma establece que dicho documento solo podrá ser exigido cuando la naturaleza específica del puesto lo justifique estrictamente, transformando su uso actual de filtro automático en una excepción debidamente fundamentada y regulada. El objetivo central es eliminar una barrera de entrada al empleo formal que, según diagnósticos de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, genera discriminación laboral.

El contexto de esta iniciativa se sustenta en argumentos de derechos humanos y reinserción social. Diversos organismos, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, han señalado que la exigencia generalizada de este documento fomenta la exclusión y desplaza a las personas hacia la informalidad.

La propuesta legislativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que tener antecedentes penales no define la probidad de una persona y que su uso indiscriminado podría violar el derecho al trabajo.

Además, se alinea con el principio constitucional de que el sistema penitenciario debe promover la reinserción social, la cual se ve obstaculizada si, tras cumplir una condena, los individuos encuentran cerradas las puertas del empleo formal por este requisito. Las consecuencias de aprobar esta reforma serían significativas para el mercado laboral mexicano.

Se espera una reducción de barreras discriminatorias y un mayor acceso al empleo formal para personas en situación de vulnerabilidad, priorizando la evaluación basada en méritos y capacidades reales. La medida también ayudaría a cumplir con compromisos internacionales asumidos en el capítulo laboral del T-MEC, que obliga a eliminar la discriminación en el empleo.

Si bien la carta de no antecedentes penales no desaparecería, su uso quedaría restringido a puestos donde exista una justificación clara, como aquellos que involucren manejo de recursos financieros, seguridad nacional, cuidado de menores o acceso a información sensible. Este cambio promovería un modelo laboral más incluyente y enfocado en el desempeño profesional, marcando un avance en la construcción de oportunidades equitativas..