El silencio hipócrita ante los abusos de Epstein marca un punto de inflexión para el feminismo

La reciente publicación de los archivos de Jeffrey Epstein ha destapado una red global de abuso y tráfico sexual de menores, implicando a poderosos políticos, empresarios y líderes religiosos. Este escándalo, sin embargo, ha sido recibido con un silencio ensordecedor por parte de aquellos sectores políticos y religiosos que habitualmente se erigen en defensores de la familia tradicional y la moral pública.

Mientras, esas mismas voces han inundado las calles y los medios durante años para criminalizar y señalar a las mujeres que defienden su derecho a decidir sobre su cuerpo, tachándolas de asesinas y mostrando una indignación selectiva que ahora queda en evidencia. Este contraste no es casual, sino sintomático de una visión que busca controlar la autonomía femenina mientras hace la vista gorda ante los crímenes reales cometidos por figuras de poder.

La lucha histórica de las mujeres por derechos fundamentales como el voto, la educación o el crédito bancario siempre ha enfrentado la resistencia y el señalamiento social. Hoy, la batalla por la autonomía corporal y el derecho al aborto legal y seguro vive la misma dinámica de estigmatización, pero con un agravante: la instrumentalización de un discurso de protección a la infancia que se revela falso cuando los victimarios son hombres influyentes.

La ultraderecha y los sectores conservadores han utilizado la defensa de la vida y la familia como bandera para restringir los derechos reproductivos, condicionando el acceso al aborto incluso en casos de violación y perpetuando la idea de que la sexualidad femenina debe ser castigada.

Sin embargo, su reacción tibia o nula ante los horrores del caso Epstein desvela que su moral es selectiva y su indignación, un instrumento político para el control social, no un principio ético coherente. Las consecuencias de esta doble moral son profundas y peligrosas.

Por un lado, normaliza la impunidad de los poderosos y revictimiza a las supervivientes de abusos, al tiempo que sigue penalizando y poniendo en riesgo la vida de millones de mujeres. Este silencio cómplice debe marcar un antes y un después, sirviendo como precedente para que la sociedad retire toda legitimidad moral a quienes usan discursos de protección de manera hipócrita.

El movimiento feminista tiene la tarea urgente de arrebatarles esa bandera y redefinir la defensa de las infancias y las familias desde la autonomía, la igualdad sustantiva y la justicia real, no desde el control y el señalamiento. Nunca más el silencio ante los depredadores puede coexistir con el grito contra las mujeres que deciden.

El costo de esta hipocresía debe ser su irrelevancia moral..