Sinaloa: la herencia de Rocha Moya marca el inicio del gobierno de Bonilla

La administración entrante en Sinaloa, encabezada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, ha decidido apostar por la continuidad del grupo político de Rubén Rocha Moya, quien se encuentra con licencia. Los primeros nombramientos reflejan esta línea, comenzando por la propia Bonilla, quien ocupó cargos legislativos y de gobierno bajo el patrocinio del ahora exmandatario.

La marca facciosa se confirmó al designar a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como encargado de la secretaría general de Gobierno, posición que ocupaba la propia Bonilla antes de asumir el cargo. Bedoya era jefe de la oficina de Rocha Moya, y en su lugar se nombró a José Ismael Inzunza Sosa, quien dirigía la Dirección de Gobernabilidad Democrática.

Este movimiento consolida el llamado rochamoyismo sin Rubén, una estrategia que busca mantener el control político a pesar de la ausencia física del exgobernador. El contexto de violencia e impunidad en Sinaloa no se ha hecho esperar.

La permanencia del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por proporcionar información a los Chapitos sobre operativos militares, se volvió insostenible tras la difusión de las acusaciones. Castro Saavedra fue corresponsable del montaje delictivo que pretendió adjudicar la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, a un asalto nocturno, cuando en realidad fue asesinado en el mismo lugar donde secuestraron a Ismael El Mayo Zambada.

La Fiscalía General de la República confirmó la farsa, pero no actuó contra los responsables. Ante el escándalo público, Castro Saavedra decidió separarse de su cargo, mientras que la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, hechura de Rocha Moya, renunció por recomendación del entonces gobernador y permanece intocada.

Las consecuencias de esta continuidad política se extienden más allá de Sinaloa. En Chihuahua, la gobernadora panista María Eugenia Campos enfrenta acusaciones por permitir la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, un posible delito de traición a la patria.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto acentos discursivos en Puebla, en el marco de la conmemoración del triunfo de las armas nacionales ante invasiones extranjeras. Este contexto se da en medio de la Estrategia Nacional de Seguridad 2026 de Estados Unidos, que amenaza con imponer responsabilidades punibles a países como México si no presentan resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

La falta de rendición de cuentas y la impunidad en Sinaloa podrían tener graves repercusiones en la relación bilateral, mientras el rochamoyismo sin Rubén intenta sobrevivir a la tormenta..