Suprema Corte sanciona a bancos por malas prácticas de cobranza de despachos externos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo clave que define con precisión las obligaciones de los bancos respecto a los despachos de cobranza que contratan. El fallo, emitido en enero de 2026, confirma que las instituciones financieras pueden ser multadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios financieros (Condusef) si no reportan correctamente la actividad de estos despachos o si omiten informar que no cuentan con ellos.

La Corte consideró que el marco legal, basado en el artículo 41 de la Ley para la transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, es claro y no viola la seguridad jurídica de las entidades. Este criterio judicial surge en un contexto donde prácticas de cobranza abusivas, como llamadas insistentes, contacto con terceros o mensajes fuera de horario, generan miles de quejas anuales entre los usuarios del sistema financiero mexicano.

La resolución refuerza la responsabilidad directa de los bancos sobre las acciones de los despachos externos que contratan, estableciendo que la supervisión y transparencia son obligaciones indelegables.

El fallo delimita que la autoridad tiene un plazo máximo de 180 días naturales para imponer una sanción, contando desde que vence el periodo de audiencia de la institución financiera, lo que brinda certidumbre a ambos lados del proceso. Las consecuencias de esta decisión son significativas tanto para el sector bancario como para los consumidores.

Para las instituciones financieras, el fallo implica la obligación estricta de registrar a sus despachos en el REDECO, presentar reportes mensuales de quejas y actualizar información sobre malas prácticas detectadas, so pena de recibir multas por incumplimiento. Para los usuarios, esta resolución fortalece los mecanismos de protección, ya que cualquier queja por cobranza indebida impacta directamente en los reportes que el banco debe entregar a la Condusef, estableciendo una responsabilidad compartida.

La SCJN dejó claro que la responsabilidad no recae únicamente en el despacho de cobranza, sino también en la entidad que lo contrata y supervisa, promoviendo así un entorno de mayor transparencia y rendición de cuentas en el delicado proceso de la recuperación de créditos..