Tecamachalco: 18 años de violencia e impunidad que desmienten las cifras oficiales de seguridad

Durante 18 años, los habitantes de Tecamachalco han vivido una espiral de violencia que seis administraciones municipales consecutivas, tres del PAN y tres de Morena, han sido incapaces de detener. Este largo periodo ha generado un profundo escepticismo hacia cualquier cifra oficial que pretenda mostrar una reducción en la delincuencia.

La sensación general es que el miedo a salir a la calle a cualquier hora se ha convertido en una constante, independientemente del partido en el poder. La raíz de esta desconfianza parece anclada en una percepción ciudadana ampliamente compartida: la presunta colusión entre autoridades locales y grupos delictivos.

Esta idea cobra fuerza ante la impunidad con la que opera el crimen organizado en la región. Los hechos recientes no hacen más que reforzar esta alarmante percepción de complicidad y abandono institucional.

El pasado sábado, un enfrentamiento a tiros entre grupos rivales en pleno centro dejó una mujer muerta, cuatro heridos y una estela de destrucción, sin que se reportaran detenciones. Una semana antes, un asalto armado en una sucursal bancaria terminó con el robo de 300 mil pesos y la huida tranquila de los delincuentes.

Estos episodios recuerdan a otros crímenes graves, como el asesinato de un músico durante un robo en 2021 o la emboscada diurna donde murieron tres policías ministeriales cerca del ayuntamiento, un caso por el que fue detenido el propio director de Seguridad Pública.

Más allá de estos hechos de alta repercusión, la violencia cotidiana incluye asaltos semanales a negocios y transportes, robos en la vía pública y un promedio de 200 vehículos hurtados al año. Esta realidad hace que los anuncios oficiales sobre refuerzos policiales o nuevas estrategias de seguridad ya no conmuevan a una población resignada.

Los periodos de aparente calma, tras despliegues de fuerzas federales o del ejército, suelen ser breves y seguidos por un regreso a los mismos niveles de crimen e impunidad. El ciclo parece imposible de romper, independientemente de los cambios discursivos o tácticos que prometa cada nuevo gobierno municipal.

La consecuencia más grave es la normalización de la inseguridad y la erosión total de la confianza en el Estado. Los ciudadanos de Tecamachalco han aprendido, tras casi dos décadas, que las promesas de seguridad son efímeras y que la amenaza es una sombra permanente.

Esta situación no solo limita la libertad y el desarrollo económico, sino que consolida un territorio donde la ley parece escrita por los grupos de poder criminal, con la aquiescencia o incapacidad de las autoridades. El futuro inmediato se vislumbra con pesimismo, ya que el patrón se ha repetido sin variación a lo largo de múltiples administraciones..