Violencia en Oaxaca: ola de ataques a exalcaldes y funcionarios desata crisis de seguridad

La violencia contra autoridades municipales en Oaxaca ha escalado a niveles críticos, con más de una decena de agresiones armadas registradas en regiones como la Costa y la Sierra Sur. El caso más reciente ocurrió en San Juan Cacahuatepec, donde el expresidente municipal Pedro Martínez Barroso fue asesinado, sumándose a una lista que incluye a Carlos Orocio Cruz, exalcalde de San Juan Quiahije, ejecutado junto a su hijo Celestino, y Eduardo Saavedra, agente municipal de San Miguel Yogovana, atacado a las afueras de su domicilio tras reportar civiles armados.

Las autoridades estatales atribuyen esta ola de crímenes a la incursión de células criminales provenientes del vecino estado de Guerrero, las cuales actúan en complicidad con actores locales. Aunque el año pasado fuerzas especiales decomisaron armas de grueso calibre y detuvieron a integrantes de estos grupos, la violencia sigue en ascenso.

Jesús Romero López, secretario de Gobierno, precisó que cada caso cuenta con una investigación individualizada y llamó a los funcionarios que perciban riesgos a solicitar medidas cautelares de protección. Este patrón de vulnerabilidad también se evidenció con el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, lo que refleja una crisis de seguridad que amenaza a líderes municipales y comunitarios en todo el estado.

El contexto de esta violencia se enmarca en una lucha por el control territorial entre grupos delictivos que buscan expandir sus operaciones desde Guerrero hacia Oaxaca. Las autoridades oaxaqueñas mantienen convenios y coordinación constante con el Gobierno de Guerrero para restringir la movilidad criminal, pero los resultados han sido insuficientes.

La situación ha generado un clima de temor entre los funcionarios locales, muchos de los cuales enfrentan amenazas directas mientras realizan labores de gestión comunitaria.

A esto se suma la preocupación por la falta de recursos y personal para garantizar la seguridad en zonas rurales, donde la presencia de fuerzas federales es limitada. Los crímenes no solo afectan a las víctimas directas, sino que también desestabilizan a comunidades enteras, que ven cómo sus líderes son blanco de ataques impunes.

La Fiscalía General del Estado ha abierto carpetas de investigación por cada caso, pero hasta ahora no se reportan avances significativos en las detenciones de los responsables materiales e intelectuales. Las consecuencias de esta ola de violencia se extienden más allá de la seguridad pública, impactando directamente en la economía y el bienestar social de Oaxaca.

Mientras la violencia golpea a las comunidades, la celebración de la Guelaguetza, uno de los eventos culturales más importantes del estado, evidenció una drástica caída en el turismo. Según José Luis Bustamante del Valle, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, el Primer Lunes del Cerro registró apenas un 38 por ciento de ocupación hotelera en la capital, un nivel que mantiene la preocupación del sector.

Menos huéspedes significan menor consumo en restaurantes, menos servicios de transporte y una reducción en las compras en mercados y comercios, lo que afecta a miles de familias que dependen de la actividad turística. Además, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, realizada por el INEGI, ubicó a Oaxaca entre los cinco estados con promedios más bajos en satisfacción con la vida, salud física y mental, y redes de apoyo.

Esta combinación de inseguridad, crisis económica y bajo bienestar social plantea un escenario complejo para el estado, que requiere acciones urgentes tanto en materia de seguridad como de promoción turística y apoyo comunitario..