Abogacía en riesgo: alerta jurídica en Baja California por violencia

La reunión del 11 de septiembre de 2026 entre colegios de abogados y autoridades de Baja California confirmó una realidad ineludible: la abogacía local enfrenta un riesgo extraordinario. Los homicidios de litigantes, las amenazas a sus familias y la falta de resultados concluyentes en la mayoría de los casos no son hechos aislados, sino señales de tensiones profundas en el sistema de justicia.

Cuando los tribunales no resuelven adecuadamente, los conflictos se trasladan a espacios extrajudiciales donde la presión, el miedo y la violencia sustituyen al derecho. Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección, un gesto que debe reconocerse y atenderse con urgencia.

Durante varios años, los asesinatos de abogados en distintas ciudades y ramas del litigio han confirmado un patrón sostenido que afecta a penalistas, civilistas, mercantilistas, laboralistas, fiscalistas e inmobiliarios por igual. La cifra acumulada en la actual administración, con solo unos cuantos detenidos y la mayoría de los casos sin avances, demuestra que no se trata de incidentes nuevos ni aislados.

Aunque las autoridades han señalado progresos en algunas investigaciones, la información disponible y la percepción del gremio indican que la mayoría de los casos continúa sin resultados concluyentes, lo que alimenta la desconfianza y la sensación de indefensión entre los profesionales del derecho. Las consecuencias de este escenario son graves para el estado de derecho.

Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se arreglan por fuera. En ese terreno extrajudicial, actores ilegales y oportunistas observan quién puede inclinar la balanza.

Organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. A ello se suma la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial débil, lo que incrementa la incertidumbre y expone aún más a los litigantes..