Abogados de Genaro García Luna denuncian aislamiento extremo en prisiones de EE. UU.

Abogados defensores de Genaro García Luna han elevado una queja formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, alegando que su cliente ha sido sometido a un régimen de incomunicación y condiciones carcelarias extremas durante los últimos meses. Según los litigantes Cesar de Castro y Valerie Gotlib, desde que recibió su sentencia en octubre de 2024, el exfuncionario ha estado prácticamente aislado del mundo exterior, sin acceso a sus expedientes judiciales y con una comunicación mínima con su defensa. Esta situación, argumentan, viola sus derechos fundamentales y obstaculiza gravemente la preparación de su apelación. El ciudadano mexicano ha sido trasladado entre tres centros penitenciarios de alta seguridad en Brooklyn, Virginia y Colorado. El contexto de este caso se enmarca en el estricto protocolo de seguridad que aplica el sistema penitenciario federal estadounidense para reclusos de alto perfil condenados por delitos graves. García Luna fue sentenciado por su presunta participación en operaciones de narcotráfico, lo que lo cataloga como un interno que requiere medidas de custodia especiales.

Sin embargo, sus abogados insisten en que el trato recibido excede estas medidas, transformándose en un castigo adicional no dictaminado por el juez. Alegan que durante su estancia en la Penitenciaría de Lee en Virginia fue confinado injustificadamente en una zona de castigo, con pésimas condiciones higiénicas. Las consecuencias directas de esta situación son múltiples y severas. La principal es la imposibilidad práctica de García Luna para participar en su propia defensa y revisar los miles de páginas de documentación de su caso, esenciales para elaborar los argumentos de apelación. Sus abogados han solicitado por tercera vez un aplazamiento de 90 días, hasta el 18 de diciembre, para presentar la apelación, argumentando que la falta de acceso a su cliente y a los documentos hace inviable cumplir con el plazo actual que vence el 19 de septiembre. La corte debe ahora decidir si concede esta prórroga, una resolución que podría sentar un precedente sobre el tratamiento de reclusos de alto perfil y el derecho a una defensa adecuada en el complejo sistema judicial estadounidense.