Abogados rechazan nuevo requisito de posgrado para litigar en juicios familiares en México

El Poder judicial del Estado ha generado un fuerte rechazo entre colegios y barras de abogados al imponer, mediante acuerdo administrativo, la obligatoriedad de contar con una especialidad, maestría o doctorado en derecho Familiar para poder litigar en asuntos donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes. La disposición, publicada en el Boletín Judicial, establece este requisito como estándar mínimo, argumentando el cumplimiento del Código Nacional de Procedicios Civiles y Familiares.

Sin embargo, los profesionales del derecho alegan que esta exigencia no está prevista de manera expresa en dicha norma federal. El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, afirmó que la medida excede las facultades reglamentarias del Poder Judicial, al imponer condiciones no establecidas en la ley superior.

Los críticos argumentan que el Código Nacional no especifica tal requisito de posgrado, por lo que la imposición administrativa vulnera derechos fundamentales de los abogados. Señalan que esta decisión corresponde al ámbito legislativo y no al judicial, creando una normativa paralela que contradice el marco legal federal vigente.

Las consecuencias inmediatas, según los colegios, serán una reducción drástica en el número de abogados disponibles para asuntos familiares, limitando la libre elección de defensa.

Esto dificultará el acceso a la representación jurídica y, previsiblemente, encarecerá los servicios legales, afectando principalmente a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Además, destacan una contradicción fundamental: la exigencia se dirige solo a los litigantes y no a los jueces y magistrados, quienes tienen la última palabra en las resoluciones.

La presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, Estefanía Campos García, subrayó que la especialización en materia de niñez debe ser una obligación compartida por quienes juzgan. Recalcó que la justicia familiar requiere un enfoque integral y multidisciplinario, con perfiles como psicología infantil, que no se soluciona solo con un título de posgrado en derecho.

Paralelamente, el Colegio de Abogados Constitucionalistas denunció una violación a tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. Exigen la derogación de los requisitos, que entraron en vigor el 20 de marzo, y que los abogados tienen un plazo de tres años para cumplir.

La polémica pone en evidencia una tensión entre la búsqueda de mayor especialización en temas sensibles y la garantía del acceso a la justicia, dejando en duda la legalidad y el impacto social de la medida..