Abogados tendrán hasta tres años para especializarse y litigar en materia familiar en Baja California

La nueva disposición, derivada de la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, exige que los abogados que litiguen en asuntos familiares, especialmente aquellos que involucren a niñas, niños y adolescentes, cuenten con una defensa especializada. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López, aclaró que el requisito no exige necesariamente una maestría o doctorado, sino que se puede cumplir mediante una especialización reconocida en derecho familiar o de infancias.

El objetivo central es garantizar una protección más robusta de los derechos de la infancia en los procesos judiciales. El Poder Judicial de Baja California ha establecido un plazo máximo de tres años para que los profesionales del derecho se adapten a esta nueva exigencia, sin que se les prohíba ejercer durante este periodo de transición.

Fragoso López enfatizó que la intención no es limitar el ejercicio profesional, sino elevar el estándar de la representación legal en casos delicados. Baja California es el primer estado en aplicar este modelo de forma integral, iniciando en Playas de Rosarito, lo que ha generado un análisis a nivel federal sobre los plazos de implementación.

La medida será analizada en conjunto con los colegios de abogados para atender las inquietudes del gremio y revisar posibles ajustes en su aplicación. El diálogo permitirá evaluar los alcances prácticos del acuerdo y considerar eventuales modificaciones, las cuales corresponderían al Congreso de la Unión mediante ajustes al régimen transitorio del código nacional.

Esta colaboración busca equilibrar la necesaria especialización con la viabilidad para los profesionales en activo. La especialización será exigida de manera progresiva a todos los operadores del sistema judicial que intervengan en materia familiar.

Fragoso López garantizó que los jueces y personal del Poder Judicial estatal ya cuentan con los perfiles especializados requeridos, marcando el estándar que se espera para la abogacía en general. Esta política refuerza el compromiso de priorizar una defensa calificada en procesos que impactan directamente en la estructura familiar y los derechos de los menores..