Acoso sexual y laboral en Puebla: la violencia invisible que crece en las oficinas

La Fiscalía de Puebla ha informado avances en investigaciones que estremecen a la opinión pública, entre ellas la vinculación a proceso de Jesús Isidoro N. por presunta violación equiparada contra una niña de 11 años, la investigación contra Guillermo N. por abuso sexual de una menor en Huehuetla, la vinculación de Fernando N. por el feminicidio de Karla Damaris en Tehuacán y una orden de aprehensión contra Andrés N. por presunto feminicidio y tentativa. Estas actuaciones son relevantes, pero la justicia no debería limitarse a los casos que alcanzan los titulares, pues existe otra violencia menos visible que ocurre a diario detrás de escritorios, puertas cerradas y relaciones laborales marcadas por el abuso de poder.

Las cifras dimensionan el problema: una investigación periodística documentó que la Secretaría de Salud de Puebla acumuló 304 quejas por acoso laboral entre 2020 y 2026, además de siete por hostigamiento y acoso sexual desde 2023, con 45 denuncias por acoso laboral tan solo en 2025.

Un señalamiento particularmente delicado indica que el denunciado habría presumido que ninguna acusación prosperaría porque es gente del gobernador, lo que obliga a esclarecer si existe esa cercanía o si se utiliza el nombre del mandatario para intimidar. Alejandro Armenta ha sostenido que nadie puede usar su nombre, amistad o parentesco para obtener privilegios, pero el desafío real es que esa regla se cumpla en oficinas públicas donde las influencias reales o inventadas se convierten en instrumentos de intimidación.

El aspecto más preocupante es que las cifras oficiales solo muestran lo que se denuncia, dejando abierta la pregunta sobre cuántas mujeres guardan silencio por miedo a perder su empleo, ser marginadas o etiquetadas como conflictivas, y cuántas soportan insinuaciones y presiones para llevar un salario a casa. Tampoco debe ignorarse que el abuso no siempre proviene de un hombre, pues existen mujeres que ejercen violencia laboral contra otras aprovechando jerarquías y rivalidades.

El acoso no tiene género exclusivo y el silencio institucional puede proteger a cualquiera, por lo que además de reconocer los avances de la Fiscalía corresponde exigir seguimiento a los casos documentados, protección efectiva para quienes denuncian y mecanismos confiables para quienes aún no se atreven, porque detrás de cada expediente puede haber muchas historias que nunca llegaron a denunciarse y la pregunta central no es solo cuántos acosadores han sido investigados, sino cuántas víctimas siguen trabajando frente a ellos obligadas a callar para conservar su empleo..