Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña enfrentan tenso reencuentro en Comisión Permanente del Congreso

Tras la riña física del 27 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebró una sesión extraordinaria convocada por el senador Gerardo Fernández Noroña. El encuentro tuvo como objetivo central debatir los hechos violentos donde Noroña denunció una agresión organizada por seis legisladores, encabezada por el líder priísta Alejandro Moreno. La tensión se palpó desde el inicio, con problemas técnicos y señalamientos cruzados entre los grupos parlamentarios. Fernández Noroña, en su intervención, calificó los actos de cobardes y brutales, enfatizando que nunca en la historia del Congreso se había agredido directamente a una presidencia de un órgano legislativo. Por su parte, Alejandro Moreno utilizó su turno para lanzar una serie de acusaciones contra Noroña. El dirigente del PRI lo calificó de autoritario, mentecato, buscapleitos y patán, argumentando que su gestión al frente de la Mesa Directiva del Senado ha sido perversa y ha degradado la Cámara Alta. Moreno negó que la oposición pueda ejercer autoritarismo, afirmando que este solo se ejerce desde el poder estatal, en clara alusión al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien previamente había condenado sus acciones.

El debate contó con la participación de otros legisladores de ambos bandos. Senadores del PRI, como Rubén Moreira, mostraron videos de Noroña en actitudes confrontativas en el pasado para intentar deslegitimar su queja. En respuesta, legisladores de Morena y del PT, como Lilia Valdéz y Lilia Aguilar, exhibieron el video de la agresión física y expresaron su total respaldo a Fernández Noroña, condenando la violencia. Las consecuencias inmediatas de este episodio profundizan la polarización en el legislativo, ensombreciendo la posibilidad de diálogo y acuerdos en el periodo ordinario. El incidente podría derivar en procesos de sanción interna o incluso legales, dependiendo de las investigaciones que se realicen. Este evento marca un preocupante precedente de violencia física dentro de las instalaciones del Congreso, planteando un serio desafío para la convivencia política y la gobernabilidad en México.