AMLO encarga aduanas a Marina para combatir corrupción, pero surge red criminal interna

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno con una promesa firme: limpiar las aduanas mexicanas, históricamente consideradas nidos de corrupción. Para ello, en julio de 2020 anunció un cambio radical al transferir su control de la autoridad civil (SAT) a la Secretaría de Marina (Semar), encabezada por el almirante Rafael Ojeda. Este movimiento culminó con la desaparición de la Dirección General de Aduanas y la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), colocando todo el sistema bajo supervisión militar y de la Presidencia de la República. El contexto de esta decisión se basó en la necesidad de frenar ilícitos como el contrabando, el huachicol y el tráfico de armas y drogas, que proliferaban con supuesta complicidad de funcionarios civiles. El proceso involucró a varios directores en un corto periodo, reflejando la búsqueda de una estrategia efectiva.

Sin embargo, la militarización de las aduanas, aunque bien intencionada, creó una estructura de mando dual donde ANAM reporta a Hacienda en temas fiscales, pero la operación recae en la Marina. Las consecuencias de esta reestructuración han sido graves. Bajo este esquema jerárquico se formó la mayor organización de crimen organizado dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible de que se tenga registro. Lo más impactante es que la red estaba allegedly liderada por dos altos mandos de la propia Marina: el vicealmirante Manuel Roberto Farías y su hermano, el contralmirante prófugo Fernando Farías, sobrinos políticos del entonces titular de la Semar. Este caso, ahora perseguido por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, expone una corrupción profundamente enquistada en la institución y plantea serias dudas sobre la eficacia final de la estrategia de seguridad del sexenio anterior.