Arancel de EU amenaza a 300 mil empleos en maquiladoras de Tamaulipas

La industria maquiladora de Tamaulipas enfrenta una crisis inminente tras la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel del 10% a empresas que no acrediten el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o el uso de insumos libres de trabajo forzado. La medida, anunciada por autoridades estadounidenses, pone bajo presión a uno de los sectores más dinámicos de la economía estatal, que concentra alrededor del 90% de las ventas al exterior de Tamaulipas.

Con más de 405 empresas IMMEX operando en la entidad, las cuales generan exportaciones cercanas a 38 mil millones de dólares anuales y sostienen más de 300 mil empleos directos, cualquier restricción comercial podría desencadenar un efecto dominó en la producción y el empleo regional. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el 85% de las exportaciones mexicanas mantiene actualmente acceso libre de aranceles al mercado estadounidense gracias al T-MEC.

Sin embargo, el 15% restante corre el riesgo de perder ese beneficio si las compañías no demuestran el origen de sus productos o de los materiales utilizados en su fabricación.

Entre las actividades con mayor presencia en Tamaulipas que podrían ser objeto de una revisión más estricta se encuentran la fabricación de autopartes, pantallas, monitores, teléfonos celulares, equipo electrónico, dispositivos médicos, maquinaria, textiles y prendas de mezclilla. Las autoridades estadounidenses mantienen especial vigilancia sobre mercancías elaboradas con insumos provenientes de regiones señaladas por presunto trabajo forzado, como Xinjiang, en China.

Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo concentran la mayor actividad maquiladora del estado, por lo que las empresas instaladas en estos municipios deberán reforzar la trazabilidad de sus cadenas de suministro para conservar los beneficios arancelarios del T-MEC. El sector aporta entre el 35 y el 40% del Producto Interno Bruto de Tamaulipas, lo que significa que cualquier cambio en las condiciones de acceso al mercado estadounidense tendría efectos inmediatos sobre la producción, las exportaciones y la generación de empleos.

Los líderes empresariales locales ya han solicitado mesas de trabajo con autoridades federales para agilizar los procesos de certificación y evitar que el nuevo gravamen afecte la competitividad de una industria que es pilar de la economía fronteriza..