Argentina registra la tasa de pobreza más baja en siete años tras caer al 28,2% en 2025 según el Indec

La pobreza en Argentina mostró una fuerte caída durante 2025, cerrando el año en un 28,2%, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta cifra representa el nivel más bajo en siete años y una reducción de casi diez puntos porcentuales respecto al año anterior, marcando un hito estadístico significativo.

Paralelamente, la indigencia también disminuyó, ubicándose en un 6,3%, lo que consolida una mejora sustancial frente a los picos críticos registrados durante 2024. El Gobierno del presidente Javier Milei ha celebrado estos números como un logro fundamental de su gestión, atribuyéndolos a un contexto de estabilización económica tras un período de fuerte deterioro.

No obstante, millones de personas continúan afectadas por la pobreza, con índices persistentemente más altos entre la población joven y en las regiones más vulnerables del país, lo que evidencia que el problema está lejos de ser erradicado. El contexto de esta mejora agregada está marcado por una economía que comenzó a mostrar signos de calma tras la implementación de un ajuste fiscal severo y reformas estructurales.

Sin embargo, análisis más detallados revelan señales de alerta que empañan el optimismo oficial. En el último trimestre de 2025, la tendencia descendente de la pobreza se habría interrumpido, registrándose incluso un repunte impulsado por factores como la persistencia de la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y un aumento en el desempleo.

Economistas y especialistas en desarrollo social advierten que el ritmo de reducción perdió dinamismo en la segunda mitad del año, y existe un riesgo tangible de estancamiento o reversión si no se fortalecen los ingresos reales de las familias y el mercado laboral. Esta desaceleración coincide con una brecha creciente entre los datos estadísticos y la percepción social, donde la pérdida de capacidad de compra y el incremento en el costo de los servicios básicos limitan la mejora efectiva en la calidad de vida de amplios sectores.

Las consecuencias de este panorama mixto son profundas tanto en lo social como en lo político. Aunque el Gobierno capitaliza la cifra anual como un éxito de su modelo, la posible reversión de la tendencia en el corto plazo podría generar mayor presión social y descontento.

La persistencia de una pobreza estructural elevada, sumada a la reactivación de presiones inflacionarias, plantea un escenario complejo para la sostenibilidad de la recuperación económica. Además, la credibilidad de las estadísticas públicas se ve puesta a prueba frente a la experiencia cotidiana de muchos hogares, lo que puede erosionar la confianza en las instituciones.

De cara al futuro, el principal desafío para las autoridades será traducir esta mejora macroeconómica inicial en un bienestar tangible y duradero, mediante políticas que protejan el empleo y reactiven el consumo sin generar nuevos desequilibrios, en un país donde la lucha contra la pobreza sigue siendo la prioridad central de la agenda pública..