Arqueólogos denuncian uso de explosivos y destrucción masiva en obras del Tren Maya

Arqueólogos especialistas han presentado evidencia visual inédita que documenta la destrucción de contextos arqueológicos durante la construcción del Tren Maya, específicamente en los tramos 6 y 7 que atraviesan Quintana Roo y Campeche. Según los investigadores Jesús E.

Sánchez y Fernando Cortés de Brasdefer, se utilizó dinamita y maquinaria pesada en zonas de suelo kárstico, lo que provocó la devastación irreversible de estructuras prehispánicas y sus contextos de entierros y ofrendas. Los expertos sostienen que, tras una recolección superficial de fragmentos cerámicos, las topadoras arrasaron los sitios, eliminando toda posibilidad de estudio científico futuro.

Esta metodología, alegan, fue sistemática y se realizó bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución que habría amenazado a los arqueólogos pasantes y contratados para evitar filtraciones. El contexto de estas acusaciones se enmarca en la polémica permanente entre el desarrollo de infraestructura gubernamental y la conservación del patrimonio cultural.

El proyecto Tren Maya, bandera de la actual administración, ha sido promocionado como un motor de progreso para el sureste mexicano, pero ha enfrentado críticas constantes por su impacto ambiental y arqueológico.

Los arqueólogos denunciantes explican que la urgencia por avanzar en la obra priorizó la velocidad sobre los protocolos científicos, llevando a prácticas destructivas justificadas como salvamento. Además, señalan que las autoridades del INAH, en lugar de proteger el patrimonio, actuaron como facilitadores de la obra, autorizando métodos expeditivos y luego presentándolos públicamente como un exitoso rescate arqueológico, lo que los investigadores califican de cínico.

Las consecuencias de estos actos son múltiples y graves. En primer lugar, se ha perdido para siempre una parte invaluable del patrimonio arqueológico maya, incluyendo posibles asentamientos menores no registrados, con toda la información histórica que contenían.

En segundo término, se ha erosionado gravemente la credibilidad y la ética profesional del INAH, al someter su mandato de protección a intereses políticos y laborales, según las declaraciones atribuidas a su exdirector. Finalmente, este caso establece un peligroso precedente para la gestión del patrimonio en México, normalando la destrucción bajo el argumento del desarrollo y silenciando a la comunidad académica mediante la censura y la amenaza, lo que dificulta la rendición de cuentas y el escrutinio público sobre proyectos de gran envergadura..