Asesinan a conductor de DiDi en Mexicali; menores de 16, 15 y 13 años son los responsables

Un brutal asesinato en Mexicali, Baja California, ha conmocionado a México y reabierto el debate sobre la responsabilidad penal de los menores. Flaviano López, un conductor de DiDi de 50 años y militar retirado, fue ejecutado de un disparo en la cabeza durante un viaje solicitado por una adolescente de 16 años.

La joven iba acompañada por su hermano de 15 y un amigo de 13. Tras el homicidio, los menores desnudaron el cadáver en un baldío, le prendieron fuego y grabaron bromas macabras con su celular.

Fueron capturados mientras paseaban en la unidad ensangrentada, mostrando un cinismo que desafía cualquier noción de inocencia juvenil. El caso expone una realidad incómoda: la juventud no siempre es sinónimo de ingenuidad, y la ley mexicana parece no estar preparada para juzgar la perversión de estos actos.

El horror del caso escala al revisar el entramado judicial. A pesar de los agravantes como el robo de vehículo y la profanación del cuerpo, la Ley Nacional del Sistema Integral de justicia Penal para Adolescentes establece penas máximas de internamiento de apenas cinco años para los agresores de 15 y 16 años, y de solo tres para el menor de 13.

Esta tarifa preferencial de la justicia penal se traduce en impunidad abierta para crímenes atroces. Urge abrir el debate sobre si la ley debe juzgar la madurez del delincuente por su acta de nacimiento o por la atrocidad del acto cometido.

Medir el castigo únicamente por la edad cronológica desvirtúa el derecho de las víctimas y envía un mensaje de inmunidad al crimen organizado, que recluta a menores precisamente por su blindaje legal. Casos como el de Edgar Jiménez Lugo, el niño sicario de 14 años en 2010, ya no son excepciones; hoy, el término se ha convertido en un concepto que refleja una tendencia creciente.

La vulnerabilidad de los conductores de plataformas es alarmante. Reportes de gremios locales y carpetas fiscales en el norte del país registran repuntes sostenidos en asaltos violentos.

Las aplicaciones facilitan que los delincuentes usen perfiles falsos, cuentas con nombres de mujeres o tarjetas clonadas para generar confianza en el operador. Al no existir una verificación biométrica obligatoria en tiempo real, las empresas trasladan todo el riesgo al trabajador.

Cientos de choferes marcharon en Mexicali con globos blancos frente a la Plaza de los Tres Poderes para exigir reformas inmediatas. Mientras el marco legal persista en catalogar como simples conductas antisociales lo que son ejecuciones brutales, las calles de México atestiguarán cómo el sustento diario se transforma en una condena de muerte.

La justicia penal juvenil requiere una cirugía mayor; la minoría de edad no puede seguir siendo la licencia perfecta para asesinar..