Asesinato de activista en Tamaulipas: Retiro de protección lo hizo vulnerable

El activista Gabriel Hernández fue encontrado sin vida el 16 de julio en Reynosa, Tamaulipas, luego de que su protección gubernamental fuera retirada, pese a las amenazas que enfrentaba. Hernández, empresario y defensor de derechos humanos, había sido secuestrado en 2021 y contaba con un amparo que ordenaba su protección las 24 horas. Sin embargo, las autoridades suspendieron las medidas, dejándolo expuesto a un crimen que organizaciones civiles califican como evitable. El Colectivo 10 de Marzo exige una investigación y mejoras en los protocolos de seguridad para activistas. El contexto revela un patrón de impunidad y fallas en el sistema de protección a defensores en México. Hernández había denunciado irregularidades en su caso ante la Fiscalía de Tamaulipas e incluso envió un mensaje público al entonces presidente López Obrador en junio de 2024. Delia Quiroa, vocera del colectivo, señaló que el activista seguía recibiendo amenazas y que su asesinato ocurrió en un vacío de seguridad.

Esto se pudo haber evitado, insistió, destacando que la víctima había expresado su cansancio por huir y esconderse, pero decidió dar la cara. Las consecuencias del crimen resaltan la urgencia de reformas en las políticas de protección. Quiroa exigió al gobierno estatal garantizar la seguridad de activistas, periodistas y buscadores, quienes arriesgan sus vidas. Además, cuestionó la falta de coordinación entre autoridades y advirtió que este caso refuerza la desconfianza en las instituciones. Mientras los colectivos analizan si continuar con su labor ante la violencia, el asesinato de Hernández se suma a una lista creciente de crímenes contra defensores en México, donde la impunidad supera el 90%. La demanda es clara: justicia y mecanismos efectivos para prevenir más muertes.