Audio filtrado revela presunta red de influencia tabasqueña en el INE

La filtración de un audio atribuido al contratista José Alfredo Hernández Casillas, en el que se queja de que Mario Alberto Alejo García ya no le hace caso, ha puesto bajo escrutinio la red de influencias que rodea al consejero electoral Jorge Montaño Ventura y su presunta cercanía con el senador Adán Augusto López Hernández. Alejo García, quien hasta abril de 2025 se desempeñaba como asesor del consejero Montaño Ventura, fue designado el 22 de abril de 2026 como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el área responsable de revisar el origen y destino de los recursos de partidos políticos y candidatos.

La designación fue impugnada por las consejeras Carla Humphrey y los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo, quienes argumentaron que Alejo no reunía la experiencia directiva exigida por la ley, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el nombramiento el 10 de junio de ese año. La objeción quedó asentada en el expediente, pero no impidió que el colaborador directo del consejero tabasqueño asumiera el control de un área estratégica para la equidad de la contienda electoral.

El audio filtrado sugiere que el contratista Hernández Casillas presumía tener acceso directo a la presidencia del INE, entonces a cargo de Guadalupe Taddei, y que su influencia se extendía hasta la operación de la Unidad de Fiscalización, lo que plantea interrogantes sobre quién ejerce realmente el mando en esa instancia técnica. La llegada de Montaño Ventura al Consejo General del INE el 4 de abril de 2023 trajo consigo la incorporación de varios perfiles tabasqueños vinculados a su equipo, entre ellos Anahí Silva Tosca, ex subconsejera jurídica del gobierno de Adán Augusto López Hernández, como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y Rigoberto Riley Mata Villanueva, ex magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, como director de Servicios Legales, además de otros colaboradores en áreas jurídicas y administrativas.

Esta concentración de funcionarios originarios de Tabasco y cercanos al grupo político del senador López Hernández ha generado preocupación en un órgano constitucional autónomo que debe garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. La relación entre Montaño Ventura y López Hernández no es reciente ni casual, pues en 2010, siendo consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Montaño integró la Comisión Especial de Adquisición encargada de comprar la sede del instituto local, comisión que eligió un inmueble en la colonia Tamulté de las Barrancas, en la periferia de Villahermosa, pese a que la ficha técnica número 3 advertía abandono, grietas, maleza y una estructura de acero poco durable para el clima tropical.

La compra se cerró el 11 de abril de 2011 por más de 32 millones de pesos, y el vendedor fue el empresario regiomontano Gilberto Galassi Cevallos, quien nunca se presentó a negociar y designó como representante a Carlos Manuel Merino Campos, señalado como el tabasqueño más cercano a Adán Augusto y quien años después fue gobernador interino de Tabasco entre 2021 y 2024. La operación se protocolizó en la Notaría Pública 27, cuyo titular era precisamente Adán Augusto López Hernández, y el edificio resultó inhabitable, pues la contraloría interna encontró un sobreprecio de más de ocho millones de pesos y un daño patrimonial superior a los 12 millones, lo que derivó en la averiguación previa AP-DGI-270/2014, la detención de dos exconsejeros en 2015 y una orden de aprehensión contra Montaño por ejercicio indebido del servicio público, aunque evitó la cárcel mediante un amparo y en 2017 un juez local sobreseyó el asunto, absolución que en su momento se atribuyó a la influencia del ahora senador.

En esa operación también aparece Carlos Enrique Íñiguez Rosique, alias Caliche, entonces director de Administración del IEPCT, quien firmó el cheque, participó en la revisión de los inmuebles y contrató el avalúo, y a quien Adán Augusto llevó después como secretario de Administración e Innovación Gubernamental durante su gestión y hoy tiene como secretario general de Servicios Administrativos del Senado, siendo señalado en Tabasco como el tesorero del clan. Tres años después, el 2 de octubre de 2014, la Cámara Alta designó a Montaño magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, negociación en la que intervino Humberto Mayans Canabal, senador del PRI y cuñado de López Hernández, configurando una cadena de favores que va desde la compra fallida del edificio hasta la llegada de Montaño al INE con Adán Augusto como secretario de Gobernación, y que culmina con uno de sus asesores al frente de la Fiscalización.

Las consecuencias de esta red de influencias son profundas para la democracia mexicana, pues la Unidad Técnica de Fiscalización es el área que determina si los partidos y candidatos cumplen con las reglas de financiamiento, y su captura por parte de un grupo político específico pone en riesgo la equidad de las contiendas electorales y la credibilidad del árbitro electoral. El audio donde Hernández Casillas se queja de que ni Mario le hace caso plantea la interrogante sobre quién manda realmente en Fiscalización: si el titular formal, el consejero que fue su jefe o quienes presumen acceso a la presidencia del Instituto, y evidencia que las explicaciones públicas de Montaño, quien ha concedido entrevistas en medios cercanos a Adán Augusto para deslindarse, resultan insuficientes frente a los antecedentes documentados y la red de funcionarios que colocó en el INE.

La autonomía del Instituto Nacional Electoral, pilar fundamental del sistema democrático mexicano, queda cuestionada cuando un proveedor presume cercanía con la presidencia del organismo y reclama que un funcionario clave ya no le obedece, mientras el consejero que lo llevó ahí insiste en negar una relación que los hechos desmienten..