Brecha digital en México: la meta del 80% de trámites digitales para 2030 podría agravar desigualdades

La ambiciosa meta del gobierno mexicano de digitalizar el 80% de los trámites para el año 2030 enfrenta un obstáculo monumental: la profunda brecha digital que divide al país. Estudios recientes, como el informe Gobierno Digital para la Democracia de Accionar. io, advierten que avanzar en la digitalización sin garantizar acceso universal y habilidades digitales básicas podría profundizar las desigualdades estructurales.

Datos del INEGI revelan una disparidad abismal: mientras en Ciudad de México y Sonora más del 84% de los hogares tiene internet, en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero la cifra cae por debajo del 60%, dejando a millones en riesgo de exclusión de servicios públicos esenciales si estos migran únicamente al ámbito digital. Esta brecha no es solo territorial, sino también generacional y de capacidades, donde adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas enfrentan barreras tecnológicas y de alfabetización que los dejan fuera del sistema.

El contexto de esta transformación se enmarca en la implementación de herramientas como la CURP biométrica, la Llave MX y la App MX, pilares de una Infraestructura Pública Digital que busca centralizar y simplificar la relación entre ciudadanos y gobierno.

Sin embargo, expertos señalan que esta reestructuración profunda conlleva riesgos significativos en materia de ciberseguridad, privacidad y vigilancia masiva, especialmente ante la falta de un marco legal robusto que prevenga el uso abusivo de datos biométricos por parte de entes privados o estatales. La recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá la enorme responsabilidad de operar estos sistemas, mientras el Registro Nacional de Población albergará la sensible Plataforma Única de Identidad, un activo valioso pero también un objetivo crítico que requiere salvaguardas excepcionales.

Las consecuencias de no abordar estos desafíos de manera integral son graves. En lugar de cumplir su promesa de combatir la corrupción y el clientelismo, una digitalización excluyente podría socavar el pilar de la equidad, negando el acceso a trámites vitales para los más vulnerables y consolidando una nueva forma de desigualdad digital.

Para evitar este escenario, es imperativo que la política pública desarrolle canales de atención múltiples (digitales, telefónicos y presenciales), invierta en alfabetización digital asequible y, crucialmente, incorpore las voces de la sociedad civil, colectivos y expertos en el diseño de estos sistemas. El rumbo final de esta transformación dependerá de si el gobierno prioriza la justicia social y la inclusión o, por el contrario, ignora las advertencias y utiliza la tecnología para el control, perpetuando la exclusión histórica de amplios sectores de la población mexicana..