Cenace paga 240 mdd a Karpowership por energía de emergencia en Yucatán

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dirigido por Mauricio Cuéllar Ahumada, concretó una contratación urgente con la empresa turca Karpowership, presidida por Orhan Karadeniz, para suministrar 250 megawatts de electricidad a la península de Yucatán y Tabasco durante los meses más calurosos de 2026 a 2028. El costo estimado del servicio asciende a 240 millones de dólares, una cifra que representa casi el 7% de la inversión total que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene prevista en su plan de expansión 2024-2030.

La compra, convocada a mediados de mayo, cubrirá un total de 5,280 horas de operación distribuidas entre mayo y octubre, cuando las temperaturas alcanzan sus picos máximos en la región. La energía se generará a bordo de un buque anclado frente a los terrenos de Calica, una zona que recientemente fue declarada reserva natural y que ha generado un conflicto diplomático con Estados Unidos por su impacto en la minera Vulcan Materials, liderada por Ronnie A.

Pruitt. Cenace optó por no revelar los detalles completos del contrato bajo el argumento de transparencia, limitándose a informar el nombre del ganador de la licitación de emergencia.

El contexto detrás de esta decisión revela fallas estructurales en la gestión energética del sureste mexicano. Durante la administración de Manuel Bartlett al frente de la CFE, se acumularon omisiones en el mantenimiento y expansión de la infraestructura, mientras que Ricardo Mota Palomino, exdirector de Cenace, priorizó bloquear proyectos independientes de generación y transmisión.

Como resultado, el sistema eléctrico enfrenta una capacidad insuficiente para atender la demanda creciente, especialmente en una región que alberga a más de 10 millones de personas y actividades productivas clave.

El gasto de 240 millones de dólares, calculado con base en tarifas de 120 a 180 dólares por megawatt-hora para mercados emergentes como Venezuela o Congo, no se traducirá en inversión productiva: no agregará un solo kilómetro a la Red Nacional de Transmisión ni incrementará la capacidad de generación nacional. A este costo base se suman posibles sobrecostos por la urgencia del suministro, la volatilidad en los precios del gas natural, la falta de competencia en el segmento de powerships y un premio adicional por la disponibilidad garantizada en despacho fijo.

Los recursos para cubrir este desembolso saldrán de los proyectos presupuestales de la CFE o mediante un aumento en la deuda pública, sin que exista una alternativa clara para evitar comprometer el servicio vital para la región. Las consecuencias de esta contratación de emergencia trascienden el ámbito financiero y energético.

Por un lado, expone la fragilidad de la planeación energética en México, donde la dependencia de soluciones temporales como los barcos generadores se ha vuelto recurrente. Por otro lado, el conflicto en Calica añade una capa de tensión diplomática con Estados Unidos, ya que la declaración de reserva natural afecta directamente las operaciones de Vulcan Materials, una empresa estadounidense que ha elevado quejas formales.

En el plano local, la medida busca evitar apagones que podrían paralizar la economía y afectar la calidad de vida de millones de personas, pero no resuelve los problemas de fondo: la falta de inversión en transmisión y generación propia. Mientras tanto, en otras regiones del país, como Tijuana, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), encabezada por Octavio de la Torre, impulsa el Pacto por la Prosperidad y Justicia Económica para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) mediante la simplificación de trámites, el combate a la extorsión y el acceso a financiamiento.

Este contraste entre la urgencia energética en el sureste y los esfuerzos de desarrollo económico.