Ceuta activa un mando único ante la crisis migratoria con 10 mil personas en la calle

La ciudad autónoma de Ceuta enfrenta su peor crisis migratoria tras la entrada masiva de más de 80 mil personas el pasado 30 de julio, hace 26 días. Según datos del gobierno local, aún hay 10 mil migrantes, muchos menores de edad, deambulando por las calles sin amparo legal ni protección pública, mientras el Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez, decreta la declaración de situación de interés de seguridad nacional.

Esta medida permitirá asumir el control centralizado de la emergencia, coordinando seguridad, sanidad y administración para agilizar las solicitudes de asilo o las repatriaciones. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, admitió que la situación no es de normalidad y que estos días han sido los peores de su vida, aunque no pudo confirmar la cifra exacta de migrantes en la calle, mientras la administración local, liderada por el conservador Juan Jesús Vivas, habla de más de diez mil personas, además de dos mil 500 menores ya acogidos en un sistema de protección colapsado.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado el envío de 45 mil dosis de vacunas para prevenir enfermedades contagiosas, con un despliegue coordinado por las comunidades autónomas. En concreto, se movilizarán 15 mil dosis de la vacuna triple vírica, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, además de diez mil dosis de difteria-tétanos, varicela y polio.

Estas vacunas estarán destinadas tanto a migrantes como a residentes de Ceuta que no estén inmunizados, ante el riesgo de brotes en un contexto de hacinamiento y falta de servicios básicos. El plan de emergencia incluye la instalación de hasta cuatro mil 500 camas en carpas temporales, equipadas con baños y servicios de higiene, para acoger a los migrantes mientras se resuelve su estatus legal.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, explicó que el mando único estará liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien coordinará también las ayudas para el tejido productivo local, que ha sufrido un desplome de su actividad económica superior al 30 por ciento en los primeros días de la crisis. Las consecuencias de esta emergencia son profundas y multidimensionales, afectando tanto a la salud pública como a la estabilidad social y económica de Ceuta.

El colapso del sistema de protección a la infancia y la falta de datos precisos sobre el número de migrantes reflejan la magnitud del desafío, que requiere una respuesta urgente y coordinada. La declaración de interés de seguridad nacional otorga al Gobierno central herramientas legales para agilizar trámites burocráticos, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad de acogida y los derechos de los migrantes.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo España gestiona esta crisis humanitaria, que pone a prueba sus políticas migratorias y su compromiso con los derechos humanos. La prioridad inmediata es evitar brotes epidémicos y garantizar condiciones dignas para quienes esperan una solución, mientras se trabaja en la repatriación o la concesión de asilo.

La recuperación de la normalidad en Ceuta dependerá de la eficacia del mando único y de la solidaridad de las comunidades autónomas, que ya han comenzado a movilizar recursos para aliviar la presión sobre esta ciudad fronteriza..