Chihuahua enfrenta crisis judicial: presiones internas y audiencias hasta 2027 marcan el primer año de la refundación del Poder Judicial.

A un año de la refundación total del Poder Judicial en Chihuahua, el balance exhibe un panorama dual: mientras la profesionalización y la defensa pública avanzan con pasos firmes, las presiones cupulares y el colapso en materias civil y familiar ensombrecen el proceso. La promesa inicial de autonomía absoluta y justicia ágil choca contra la realidad de audiencias programadas para 2027 y confrontaciones internas que degradan la investidura jurisdiccional.

El nuevo modelo, que eliminó las magistraturas regionales para centralizar operaciones en la capital, ha generado un severo embudo procesal que contradice el mandato constitucional de justicia pronta y expedita. Los señalamientos sin cauce legal contra magistrados penales y las disputas abiertas en el Pleno revelan que la política sigue cobrando factura alta en el sistema, mientras el Tribunal de Disciplina Judicial enfrenta su prueba de fuego: debe consolidarse como órgano técnico y no como herramienta de persecución.

En contraste, el Instituto de Formación y Capacitación Judicial, dirigido por el magistrado en retiro César Fernando Ramírez Franco, ha impulsado una profesionalización intensa que trasciende el mero trámite curricular. La Defensoría Pública, encabezada por Rocío Sarmiento, se erige como pilar para garantizar que la tutela judicial efectiva no sea privilegio de pocos, mientras juzgadores como Silvia Padilla, del Juzgado de Ejecución de Penas, demuestran un enfoque humanista que recuerda que tras cada expediente existe una persona y una posibilidad real de reinserción social.

La desaparición de las magistraturas regionales, como las de Parral, ha estrangulado los procesos en las distintas zonas del estado, concentrando todo en la capital bajo el argumento del sorteo de criterios, lo que no abona a la operatividad sino que genera un embudo donde el azar sustituye a la estricta aplicación del derecho. La saturación en las materias civil y familiar ha alcanzado umbrales alarmantes, con audiencias fijadas para los primeros meses de 2027, lo que constituye la antítesis de la justicia expedita que demanda la Constitución.

Sin embargo, los expertos señalan que regatear los logros sería tan injusto como cerrar los ojos ante las deficiencias evidentes, pues la judicatura digna y comprometida resiste con sobrada estatura moral frente a las presiones mediáticas y políticas. El futuro del modelo dependerá de la capacidad del foro jurídico, los medios y la ciudadanía para exigir rigor crítico y evitar que el experimento naufrague en buenas intenciones.

Chihuahua no se ha estancado: avanza a tropiezos, despacio, pero marcha hacia una justicia sólida, independiente y humana, aunque el camino exige correcciones urgentes para que la división de poderes no se reduzca a una línea imaginaria ni a una concesión graciosa de la coyuntura política. La exigencia es clara: el poder se ejerce para servir y equilibrar, jamás para subordinar, y el nuevo sistema debe cuajar en resultados tangibles que respondan a la demanda social de una impartición de justicia cercana y efectiva..