Chihuahua y Sinaloa: la crisis de seguridad que sacude a México y a Morena

La crisis de seguridad en México se intensifica con dos focos rojos: Chihuahua y Sinaloa. Mientras en el sur de Chihuahua se desmanteló un megacomplejo de narcolaboratorios que dejó como saldo la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente carretero el pasado 19 de abril, la atención nacional dio un giro radical diez días después.

El miércoles 29, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido del Departamento de Estado las solicitudes de detención provisional con fines de extradición del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con el senador Enrique Izunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros siete funcionarios, incluyendo a los exsecretarios de Seguridad y Finanzas. Este movimiento, sin precedentes por su magnitud, golpea directamente el corazón de Morena y su estrategia de abrazos y no balazos, recordando el polémico encuentro de López Obrador con la madre del Chapo Guzmán en 2020.

Ante la gravedad de las acusaciones, la presidenta Sheinbaum exigió pruebas contundentes de culpabilidad, mientras que Rocha Moya anunció que solicitaría licencia para enfrentar el proceso. Sin embargo, el partido oficialista intentó desviar la atención hacia Chihuahua, orquestando una operación de distracción.

La nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, convocó a una gran manifestación en la capital chihuahuense para el sábado 16, con la promesa de reunir a 200 mil militantes para exigir el desafuero de la gobernadora panista María Eugenia Campos por traición a la patria.

No obstante, la movilización fue un rotundo fracaso: apenas 20 mil asistentes, según cifras del propio partido, diez veces menos de lo anunciado. El error estratégico de recurrir a Andy López Beltrán como figura central, por encima de Montiel, desvió el foco hacia el hijo de López Obrador y evidenció una grave falla logística y de convocatoria.

Las consecuencias de esta crisis son profundas y se extienden más allá de las fronteras. Mientras el caso de Chihuahua queda relegado a un intento fallido de distracción, la situación en Sinaloa se agrava con la entrega voluntaria a Estados Unidos de dos de los ocho solicitados: los exsecretarios de Seguridad y Finanzas, figuras clave en la relación con la delincuencia organizada.

Este hecho, según analistas, es solo un adelanto de más solicitudes de extradición que llegarán antes de las elecciones del próximo año. En paralelo, un juez confirmó el fuero constitucional del exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, ahora senador morenista, protegiéndolo de una orden de aprehensión.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, evadió preguntas sobre el paradero de Rocha Moya con un lacónico ¿y yo por qué?, dejando claro que, hoy por hoy, lo grave sigue siendo Sinaloa..