Clara Brugada avala licencias para trabajadoras sexuales en CDMX rumbo al Mundial 2026

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha dado su visto bueno para la emisión de credenciales de trabajo no asalariado a personas trabajadoras sexuales, marcando un posible punto de inflexión en una demanda histórica del sector. Brugada afirmó que su administración no ve problema en otorgar estas licencias, argumentando que permitirían un mayor control y orden para quienes ejercen esta actividad en la vía pública.

La mandataria adelantó que abordará el tema con la secretaria de Trabajo, Inés González Nicolás, aunque no precisó fechas concretas para su implementación, dejando en claro que la posición de su gobierno es favorable a la regularización. Este anuncio se produce en un contexto donde la Secretaría del Trabajo local ha mantenido que, sin una reforma al reglamento que incluya explícitamente el trabajo sexual, carece de fundamento legal para emitir las credenciales.

El marco legal actual reconoce solo quince oficios no asalariados, y la inclusión del trabajo sexual requeriría una modificación por parte del Congreso capitalino. Pese a este obstáculo jurídico, Brugada enfatizó la utilidad de tener un registro que permita saber cuántas personas se dedican a esta labor, en qué lugares y bajo qué circunstancias.

La discusión se revitaliza en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que traerá a millones de visitantes a la ciudad, incluyendo a la sede del partido inaugural. Para las trabajadoras sexuales, la credencial representa una herramienta crucial de legitimación y protección.

Testimonios recogidos en zonas como La Merced indican que el documento les ayudaría a sentirse más tranquilas al realizar su trabajo, proporcionándoles un instrumento de identificación frente a clientes y, sobre todo, un escudo contra extorsiones y abusos por parte de autoridades y criminales. Encuestas previas del Consejo para Prevenir la Discriminación en la CDMX ya habían señalado a policías y juzgados cívicos como principales actores de violencia hacia este grupo.

Las consecuencias de este posible avance son multidimensionales. Por un lado, otorgaría un reconocimiento formal a una actividad económica que existe de facto, mejorando las condiciones de seguridad y reduciendo la vulnerabilidad de miles de personas, principalmente mujeres y personas trans.

Por otro, plantea un desafío institucional inmediato: armonizar la voluntad política expresada por la Jefa de Gobierno con los límites regulatorios que alega la Secretaría del Trabajo. Mientras organizaciones como Brigada Callejera reportan miles de solicitudes perdidas desde 2020, la captura reciente de una presunta extorsionadora de trabajadoras sexuales en Iztapalapa subraya la urgencia de medidas protectoras.

El camino hacia la emisión efectiva de las credenciales parece pasar, inevitablemente, por una reforma legislativa o por un acuerdo interinstitucional que desbloquee el proceso, un tema que Brugada se comprometió a revisar. El desenlace definirá no solo el alcance real de esta iniciativa, sino también el modelo de regulación que adoptará la capital en un año de máxima visibilidad internacional como el 2026..