Cámara de Diputados aprueba el Plan B electoral con apoyo crítico del partido Movimiento Ciudadano

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado Plan B de la reforma electoral, con 377 votos a favor provenientes de Morena, PT, PVEM y, de manera decisiva, Movimiento Ciudadano. La sesión, que se extendió por más de cuatro horas, estuvo marcada por acusaciones de la oposición del PAN y PRI, quienes denunciaron que la iniciativa viola el pacto federal al invadir atribuciones de estados y municipios sin haberlos consultado.

La bancada oficialista defendió la minuta argumentando que busca ordenar la integración de ayuntamientos, limitar gastos de congresos locales y ajustar remuneraciones de servidores públicos para generar ahorros, sin afectar la autonomía de los órganos electorales. El contexto de esta aprobación es una profunda polarización política.

La diputada panista Carmen González Alonso acusó al gobierno de convertir a estados y municipios en meras oficinas de trámite, centralizando el poder. Movimiento Ciudadano, a pesar de haber criticado previamente la reforma por considerarla insuficiente, anunció su apoyo en lo general a través de su diputado Pablo Vázquez, argumentando que no podía ser un obstáculo para combatir el derroche en instituciones públicas.

Este giro desató fuertes críticas de la oposición tradicional, con el priista Carlos Gutiérrez calificando a MC como el nuevo narcosatélite de Morena, evidenciando la fractura en el bloque opositor. Las consecuencias inmediatas son políticas y legales.

El clima en el hemiciclo se enrareció con un intercambio de descalificaciones personales que incluyó acusaciones sobre crimen organizado y el simbólico gesto de un diputado de MC llevando una cubeta de chapopote al área de la bancada oficialista. En el ámbito legislativo, la aprobación en lo general abre la puerta a la discusión de reservas y, eventualmente, a la minuta en lo particular.

De ser avalada, el paquete de reformas constitucionales que modifica los artículos 115, 116 y 134 será enviado a los congresos locales para su ratificación, donde se prevé una nueva batalla política. Las reformas buscan establecer que ningún funcionario electoral gane más que la Presidenta, reducir el presupuesto del Senado, endurecer controles de financiamiento de campañas y limitar regidurías y presupuestos de congresos estatales..