La CNDH defiende al gobierno ante la ONU mientras las desapariciones forzadas en México superan las 110 mil

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una severa crisis de credibilidad tras su enérgica defensa del gobierno mexicano frente a las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la crisis de desapariciones forzadas. El Comité contra la desaparición Forzada de la ONU decidió llevar el caso de México ante la Asamblea General, un procedimiento reservado para situaciones graves y persistentes, tras documentar un fenómeno extendido y sistemático.

En lugar de asumir una postura de autocrítica o de exigencia al Estado, la CNDH optó por rechazar frontalmente el diagnóstico internacional, calificándolo de sesgado y cuestionando su sustento metodológico. Más aún, dirigió sus críticas hacia las organizaciones civiles y colectivos de víctimas, quienes por años han documentado la tragedia y buscado a sus familiares, en una actitud que muchos analistas interpretan como un alineamiento político con el poder ejecutivo.

Este episodio revela una transformación profunda en el papel de una institución que nació para ser un contrapeso incómodo dentro del Estado mexicano. El contexto de esta polémica respuesta institucional es una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente de América Latina: México registra oficialmente más de 110 mil personas desaparecidas, una cifra que por sí sola debería detonar alarmas nacionales e internacionales.

Sin embargo, esta realidad se ha ido normalizando mediante discursos y ajustes estadísticos.

Recientemente, el gobierno federal implementó una nueva metodología para depurar el registro nacional, lo que resultó en una reducción inmediata de las cifras oficiales al reclasificar o dar por localizados miles de casos bajo criterios cuestionados por especialistas. Esta creación de una ilusión estadística, donde se sugiere orden sin que cambie la realidad en fosas clandestinas y búsquedas ciudadanas, ha generado desconfianza y ha sido señalada como una estrategia para minimizar la magnitud del problema.

Las consecuencias de esta postura de la CNDH son profundas y erosionan el Estado de derecho. Al renunciar a su papel de contrapeso y convertirse en un vocero defensivo del gobierno, la institución abandona su mandato fundamental de ser la conciencia crítica del Estado.

Esta actitud no solo desprotege a las víctimas, sino que también envía un mensaje de impunidad, al no ejercer presión para que se investiguen y sancionen a los responsables. La inacción estatal prolongada y sistemática frente a las desapariciones configura, en los hechos, una política de Estado por omisión que la CNDH ahora parece avalar.

Finalmente, se desvanece la esperanza de que exista dentro del aparato estatal una voz independiente dispuesta a señalar las fallas del poder, dejando a las víctimas y a la sociedad civil como las únicas fuerzas que confrontan una tragedia de dimensiones catastróficas que ningún ajuste técnico o narrativo oficial puede borrar..