La CNDH entierra la verdad de Ayotzinapa con una recomendación plagada de errores

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, ha emitido una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa que, lejos de aportar claridad, ha sido calificada como inconstitucional y llena de inexactitudes. Este documento, que sustituye la única recomendación válida heredada de la administración anterior, perpetúa las contradicciones y descalifica los peritajes concluyentes que demostraron la quema de restos en el basurero de Cocula.

La institución, ahora vista como un apéndice de la Cuarta Transformación, ha optado por ignorar las evidencias forenses clave, como los 114 restos óseos que nunca fueron enviados al laboratorio de la Universidad de Innsbruck para su identificación. Esta acción no solo ofende la inteligencia pública, sino que también consolida una narrativa oficial que favorece al Ejército y desvía la atención de los verdaderos responsables, la banda Guerreros Unidos.

El efecto inmediato es poner una losa más sobre un caso ya sepultado por intereses facciosos y políticos. El contexto de esta controversia se remonta a 2015, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sembró la insidia al afirmar, sin sustento, que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado perpetrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esa versión fue adoptada por organizaciones como Tlachinollan y Serapaz, así como por el expresidente López Obrador, quien la explotó con fines electorales.

La CNDH actual, al descalificar la recomendación constitucional de Luis Raúl González Pérez, no solo desoye la evidencia científica, sino que perpetúa una verdad alterna que mantiene el caso en un limbo judicial. Mientras tanto, los padres de los normalistas y la sociedad civil siguen esperando justicia, pero la institución petrificada prefiere proteger a los poderes fácticos antes que cumplir con su mandato.

Las consecuencias de esta decisión son devastadoras para la credibilidad de las instituciones mexicanas. La recomendación de la CNDH no solo entierra la posibilidad de conocer la verdad, sino que también legitima la impunidad al no exigir el cumplimiento de las propuestas pendientes, como el análisis de los restos óseos en el extranjero.

Al igual que en el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, la evidencia ha estado a la vista de todos, pero ha sido ignorada por conveniencia política. La CNDH, en lugar de ser un contrapeso, se ha convertido en un obstáculo para la justicia, dejando a las víctimas y a la opinión pública sin respuestas claras.

El caso Ayotzinapa, lejos de resolverse, se ha convertido en un símbolo de la corrupción y la falta de voluntad política en México..