Comunidad de Los Chimalapas exige base militar ante amenazas de muerte del crimen organizado

Los habitantes de la comunidad de Chocomanatlán, en Santa María Chimalapa, Oaxaca, han lanzado un llamado de auxilio urgente al gobierno federal solicitando el establecimiento de una base militar permanente. La petición surge tras una serie de amenazas directas de muerte por parte de un grupo delincuencial conocido como El Señor de los Caballos, presuntamente proveniente del vecino estado de Chiapas.

Los criminales han intentado forzar a los pobladores a firmar un documento mediante el cual cederían el control del territorio, rico en bosques y recursos minerales, y que busca impedir el ingreso de la Guardia Nacional a la zona. Ante la negativa de la asamblea comunal, los emisarios del grupo amenazaron con cortar el pescuezo a los opositores, sentenciando de muerte a toda la comunidad.

El contexto de esta crisis se remonta a mayo de 2023, con intimidaciones esporádicas que se agudizaron en octubre de 2025 y culminaron en un ultimátum el pasado 8 de enero de 2026. Los pobladores denuncian una alarmante ausencia de las autoridades estatales y federales, pues ni el gobierno de Oaxaca ni la Defensoría de los Derechos del Pueblo han emitido medidas cautelares para protegerlos, a pesar de las alertas de una posible masacre emitidas por el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas.

Esta incursión criminal ocurre en un momento particular, días después de un operativo masivo en Chiapas donde fueron detenidos 156 policías municipales y el alcalde de Cintalapa, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Las consecuencias de esta situación son graves e inmediatas. La comunidad, históricamente pacífica y ajena al conflicto armado, se ha visto obligada a organizar guardias nocturnas para vigilar los accesos, viviendo en un estado de vigilia constante y miedo.

Los patrullajes esporádicos de fuerzas federales son calificados como insuficientes y contraproducentes, pues al no establecerse de forma permanente, solo calientan la zona y dejan a los habitantes más expuestos a represalias. El impacto psicosocial es profundo, con niños aterrorizados y adultos mayores teniendo que esconderse en el monte, escenario que fue documentado en un video difundido en redes sociales como último recurso para visibilizar su desesperación.

La resistencia de la comunidad pone en evidencia la disputa por un territorio valioso y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad básica en regiones alejadas. Los pobladores han declarado que, aunque no son gente de guerra, se defenderán con lo que tengan para proteger a sus familias y su tierra, anticipando una confrontación desigual frente a un enemigo sanguinario.

Este caso subraya la crítica expansión de los grupos criminales hacia zonas de riqueza natural y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y agrarias que se interponen en su camino, exigiendo una respuesta gubernamental que vaya más allá de las visitas esporádicas y se concrete en una presencia disuasoria y protectora permanente..