Congreso exhorta a municipios con Alerta de Género destinar presupuesto 2027

El pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a los ayuntamientos y concejos municipales, en especial a los cincuenta municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para que en la elaboración de sus Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal 2027 incorporen la perspectiva de género con recursos definidos para la atención de las mujeres. La diputada Norma Estela Pimentel destacó que es fundamental incluir objetivos, indicadores y metas que permitan identificar y evaluar los resultados del recurso público destinado a dichas acciones, y subrayó que las administraciones municipales requieren liderazgos que escuchen a las mujeres, comprendan las desigualdades y conviertan esas realidades en prioridades presupuestarias.

La medida responde a que, a cinco años de haberse emitido la Alerta de Género para más de cincuenta municipios, persisten carencias en la asignación de recursos específicos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Durante la misma sesión ordinaria, los legisladores avalaron un acuerdo para solicitar a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas que garantice una atención digna, respetuosa y libre de discriminación en los trámites que realiza.

Asimismo, se aprobó un exhorto a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para incorporar en sus procesos de planeación y presupuestación de 2027 y años subsecuentes las previsiones necesarias que garanticen la accesibilidad lingüística mediante intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, junto con su capacitación en derechos humanos, inclusión y accesibilidad universal. Con estas determinaciones, el Congreso busca que los gobiernos municipales asuman compromisos concretos y verificables en materia de igualdad sustantiva.

La incorporación de indicadores y metas permitirá fiscalizar el uso del dinero público y exigir resultados tangibles en la protección de las mujeres. De no cumplirse, las administraciones enfrentarán señalamientos por omisión presupuestaria y podrían quedar rezagadas en la implementación efectiva de la Alerta de Género, lo que afectaría directamente a miles de mujeres que requieren servicios de prevención, refugio y acompañamiento jurídico en los municipios con mayor incidencia delictiva..