Congreso de Guanajuato rechaza fórmula para indemnizar a víctimas por negligencia estatal

En una sesión marcada por el debate técnico, el Congreso de Guanajuato desechó la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional que buscaba establecer fórmulas matemáticas para fijar indemnizaciones por negligencia de autoridades estatales y municipales. La propuesta, presentada por la asesora Carmina Téllez Delgado, pretendía llenar un vacío legal existente desde 2020 que deja a las víctimas en la incertidumbre sobre la compensación económica tras sufrir daños materiales, lesiones o la pérdida de un familiar por una mala actuación de funcionarios.

Sin embargo, representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal y de la Secretaría de Gobierno rechazaron el planteamiento, argumentando que la redacción no era idónea y que se basaba en figuras jurídicas de legislaciones extranjeras, como la de Colombia, que no se adaptan al sistema legal local. El rechazo se produjo en el marco de un foro más amplio donde también se abordaron otras reformas sociales.

En una segunda mesa, encabezada por la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, se discutieron mecanismos para garantizar el acceso real de las mujeres a la vivienda y al desarrollo urbano. La legisladora Plásida Calzada Velázquez advirtió que la igualdad formal en los textos legales no se traduce en oportunidades concretas para las jefas de familia, quienes enfrentan barreras para adquirir una casa o residir en colonias con servicios básicos.

Por otro lado, legisladores del PAN y del PRD impulsaron una reforma para obligar al Estado y a los 46 ayuntamientos a consultar a las comunidades indígenas y afromexicanas antes de aprobar planes de desarrollo, asegurando que sus prioridades sean consideradas en la ejecución de proyectos gubernamentales. La decisión deja un escenario de incertidumbre para los ciudadanos que buscan reparación ante actos de negligencia oficial, pues el criterio del juez seguirá siendo el único árbitro en estos casos.

Los trabajos contaron con la participación de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Electoral y la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, organizaciones civiles han señalado que el vacío legal persistente podría derivar en más casos de desprotección, especialmente en contextos donde las víctimas carecen de recursos para litigar largos procesos.

La discusión sobre las indemnizaciones queda abierta, aunque por ahora sin una ruta clara para su resolución legislativa..