Congreso de Nuevo León fracasa en aprobar Presupuesto 2026 tras sesión fallida y acusaciones cruzadas

El Congreso del Estado de Nuevo León declaró concluida una sesión plenaria sin haber logrado siquiera poner a discusión el Presupuesto de Egresos para el año 2026. Tras casi cuatro horas de espera infructuosa, solo 17 diputados de un total de 42 se presentaron en el recinto, una cifra muy por debajo del quórum necesario de 28 legisladores requerido para modificar el orden del día e incluir el análisis del veto a las leyes del Paquete Fiscal.

La ausencia notable de bancadas completas, principalmente de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, imposibilitó cualquier avance legislativo, dejando en el limbo la definición de las finanzas públicas estatales para el próximo ejercicio. El contexto de esta paralización es una profunda división política y una guerra de narrativas entre los grupos parlamentarios.

Diputados del PRI y el PAN acusaron directamente a MC y Morena de boicotear el proceso al negar el quórum, sugiriendo que estas fuerzas buscan favorecer los intereses del gobierno estatal liderado por Samuel García. Por su parte, los morenistas argumentaron que su postura busca modificar la Ley de Coordinación Hacendaria para beneficiar a municipios no metropolitanos, mientras que MC defendió su ausencia como una estrategia política para evitar lo que califican como atropellos de la oposición en la comisión y el pleno.

La situación se complica por la mezcla de temas, ya que Morena también advirtió que no negociará el presupuesto a cambio de aprobar reformas electorales o de transparencia de manera acelerada, tal como, según ellos, pretenden el PRI y el PAN. Las consecuencias inmediatas de este fracaso legislativo son la incertidumbre financiera y administrativa para el estado.

Sin un presupuesto aprobado a tiempo, se podrían afectar la planeación de obras públicas, programas sociales y el funcionamiento mismo de la administración estatal a partir de enero de 2026. El clima de confrontación y la evidente falta de diálogo constructivo entre las bancadas auguran un proceso complejo y prolongado, donde las acusaciones públicas parecen primar sobre la negociación.

Este escenario no solo paraliza al Poder Legislativo, sino que proyecta una imagen de ingobernabilidad que podría impactar la confianza de inversionistas y la ciudadanía en general, quienes esperan soluciones concretas para los desafíos de la entidad. La responsabilidad política del estancamiento queda repartida, pero la necesidad de un acuerdo es urgente para evitar un daño mayor a la hacienda pública y los servicios en Nuevo León..