Congreso de Yucatán elimina protección a la vida desde la fecundación en Constitución

El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad eliminar de la Constitución estatal la protección de la vida desde la fecundación, cumpliendo así con una resolución judicial que exigía armonizar la normativa local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La modificación, respaldada por todas las fracciones parlamentarias durante una sesión extraordinaria, deja atrás una disposición que había sido cuestionada por su incompatibilidad con los derechos reproductivos y las garantías reconocidas por tribunales federales.

Este cambio representa el cierre de un proceso legislativo que se prolongó por más de un año, luego de que en abril de 2025 ya se hubiera reformado el Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque la permanencia del texto constitucional generó observaciones judiciales por considerar la armonización incompleta. A pesar de concretarse la reforma, los 35 diputados de la actual Legislatura deberán cubrir una sanción económica individual de 26 mil 981 pesos por el incumplimiento de los plazos establecidos para atender la resolución judicial, monto que será descontado directamente de sus percepciones.

La sanción deriva del desacato atribuido al Congreso por no ejecutar oportunamente las adecuaciones ordenadas, una medida que fue notificada previamente a los legisladores.

La votación fue recibida favorablemente por colectivos feministas y agrupaciones que impulsaron acciones legales relacionadas con el tema, quienes señalaron que la reforma representa el fin de una controversia que se mantuvo durante años y contribuye a fortalecer la protección de los derechos reproductivos en la entidad. La reforma coloca a Yucatán en concordancia con los criterios establecidos por la Suprema Corte, la cual ha determinado que las cláusulas constitucionales sobre protección de la vida desde la fecundación no deben utilizarse para restringir el acceso a derechos reproductivos ni para justificar la criminalización del aborto.

Durante la misma sesión extraordinaria, el Pleno también designó a María Isabel Barroso Pino como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y a Irving Mañé Flores al frente de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, ambos nombramientos aprobados por unanimidad. Con estas decisiones, el Congreso estatal dio por concluida una jornada legislativa marcada por resoluciones de relevancia jurídica, política y social para Yucatán..