Congreso de Yucatán debilita a la ATY y regresa el control político al transporte

En una sesión marcada por la controversia, la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de Yucatán aprobaron por la vía rápida una reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), con el objetivo de restar autonomía al organismo y reconfigurar su estructura interna. La decisión, tomada a dos años y cinco meses de la creación de la ATY, impone la creación de una Junta Directiva cuyos integrantes serán designados por el gobernador en turno y la Legislatura local.

Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso para modernizar el sistema de transporte público, la oposición, conformada por PAN, PRI y MC, advierte que se trata de un retroceso democrático que vulnera la autonomía constitucional del ente regulador. El diputado del PT, Francisco Rosas Villavicencio, justificó la reforma señalando que busca corregir el modelo jurídico y financiero heredado, el cual, según dijo, ha generado una mala planeación en sistemas como Va y Ven y el Ie-Tram. “La movilidad debe tener rentabilidad social antes que privilegios privados”, argumentó, mientras que el priísta Gaspar Quintal Parra denunció que el proceso legislativo estuvo plagado de prisas e imposiciones, sin permitir un Parlamento Abierto para escuchar a especialistas, estudiantes y concesionarios. “Se privilegió la burocracia y el control político sobre las necesidades de la gente”, sentenció Quintal, alertando que la reforma impacta directamente la movilidad de toda la población yucateca.

El panista Roger Torres Peniche fue contundente al señalar que la reforma es inconstitucional, ya que crea un órgano por encima del titular de la ATY, contradiciendo la ley que le otorga autonomía técnica, presupuestal y de gestión. “Le ponemos nuevo jefe. Y ese jefe, ¿saben quién es? El gobierno del estado y el Congreso.

Volvemos a politizar el transporte público”, advirtió Torres, quien deploró que la ATY quede nuevamente a expensas de las coyunturas políticas de cada sexenio. Por su parte, Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, criticó tanto el fondo como el procedimiento de la reforma, acusando a los diputados de Morena de actuar como “empleados que firman sin mirar”. “Votan sin leer las iniciativas que manda su propio gobernador.

No analizan, no comparan, no cuestionan. Solo alzan la mano porque así se los ordenan”, expresó Osante, quien calificó la medida como un atropello legal que no se sostendrá.

Las consecuencias de esta reforma podrían ser profundas para la movilidad en Yucatán. Al centralizar el control de la ATY en el Ejecutivo estatal y el Congreso, se corre el riesgo de que las decisiones técnicas sean reemplazadas por intereses políticos, afectando la planificación a largo plazo del transporte público.

La oposición ya anunció que impugnará la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que viola la autonomía constitucional del organismo. Mientras tanto, colectivos civiles y expertos en movilidad han expresado su preocupación por el futuro de sistemas como el Va y Ven, que ya enfrentan problemas de viabilidad financiera.

La polémica reforma, aprobada sin el consenso necesario, deja en entredicho la transparencia y la eficiencia que se prometió con la creación de la ATY, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre para los usuarios del transporte en el estado..