Contradicción en Palacio: Sheinbaum compra mil latas de refresco un día antes de campaña contra bebidas azucaradas

La Oficina de la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, formalizó la compra de mil latas de refresco de 355 mililitros el 18 de agosto de 2025, según consta en contratos oficiales. Los documentos, firmados electrónicamente entre las 17:49 y 18:41 horas de ese día, detallan un desembolso de 15 mil 750 pesos más IVA por las bebidas azucaradas, enmarcadas en contratos más amplios para suministro de cafetería y artículos de oficina.

Esta adquisición se realizó a través de procedimientos administrativos ordinarios con proveedores autorizados, y los productos tenían un periodo estimado de consumo de aproximadamente cuatro meses. El hecho central es la proximidad temporal entre esta compra y un acto público de gran relevancia en materia de política sanitaria.

Apenas entre 13 y 14 horas después de la firma de esos contratos, la presidenta Sheinbaum se presentó en Palacio Nacional para lanzar la campaña Vive feliz, vive saludable. En dicha conferencia, acompañada por el secretario de Salud, David Kershenobich, la mandataria defendió con firmeza un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas azucaradas, argumentando motivos de salud pública.

Sheinbaum afirmó que el objetivo no era recaudatorio, sino desincentivar el consumo de unos productos que, según dijo, han causado muchísimos problemas de salud en México, como diabetes e hipertensión, hechos científicamente demostrados.

Esta coincidencia genera un contraste evidente entre el acto de gobierno y la operación administrativa de la misma institución. Las consecuencias inmediatas de esta revelación apuntan a un debate sobre la coherencia y la ejemplaridad en las políticas públicas. La situación pone bajo escrutinio la alineación entre los discursos oficiales de promoción de la salud y las prácticas de consumo dentro de la propia administración federal. Para los críticos, el episodio podría interpretarse como una falta de sincronía o incluso una contradicción que debilita el mensaje preventivo. Más allá de la polémica, el caso subraya la complejidad de cambiar hábitos de consumo arraigados, incluso dentro del aparato estatal que impulsa la transformación. A largo plazo, el incidente podría influir en la percepción pública sobre la credibilidad de las campañas sanitarias y la consistencia del gobierno para aplicar internamente las medidas que promueve para la ciudadanía.