Contratos directos del Poder Judicial de Yucatán a empresas de giros inusuales generan dudas

El Poder Judicial del Estado de Yucatán adjudicó de manera directa dos contratos para la adquisición de elevadores por un total que supera los cinco millones de pesos, una cifra que excede el monto legalmente permitido para este tipo de procedimientos sin licitación. Los beneficiarios fueron las empresas Ingeniería y Servicios del Caribe, con un contrato por 2. 7 millones de pesos, y Multiservicios Integrales HL, por 2. 55 millones.

Estos contratos, identificados como DAF-91/2025 AD y DAF-92/2025 AD, fueron aprobados por el Comité de Adquisiciones del Consejo de la Judicatura, presidido por la magistrada Erika Torres López, e iniciaron con la actual administración judicial en septiembre del año pasado. La información, validada en la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que las compras se realizaron sin concurso público, incumpliendo con la normativa de contrataciones gubernamentales.

El contexto de estas adjudicaciones es aún más polémico al analizar el perfil de las empresas contratadas. Multiservicios Integrales HL, según su acta constitutiva, tiene como objeto social principal la producción y presentación de espectáculos en centros nocturnos, aunque también figura en padrones como proveedora de servicios de contabilidad.

Por su parte, Ingeniería y Servicios del Caribe muestra giros comerciales amplios y dispersos, que van desde ingeniería hasta la compraventa de vehículos. Investigaciones periodísticas constatan que esta última firma ha sido recurrentemente proveedora del gobierno estatal de Yucatán durante la presente administración, y su representante en estos contratos es Mauricio Enrique Guinto Boldo.

La diversidad de actividades legales de ambas compañías contrasta con la especializada naturaleza de la compra de elevadores para el Poder Judicial. Las consecuencias de estos actos apuntan a graves irregularidades en la administración de recursos públicos y posibles conflictos de interés.

La asignación directa, al evadir la licitación pública, limita la competencia y opaca el uso de fondos, generando un riesgo de sobreprecio y opacidad. La participación de un comité interno, integrado por altos funcionarios judiciales como la magistrada presidenta Torres López y el director de Administración, Álvaro Eduardo Juanes Laviada, responsabiliza directamente a la cúpula del Poder Judicial yucateco.

Estos hechos erosionan la confianza ciudadana en una institución que debe ser ejemplar en transparencia y ética, y abren la puerta a investigaciones más profundas por parte de órganos de control. La reciente modificación en la administración de Ingeniería y Servicios del Caribe, que incorporó a un joven de 20 años como administrador único en marzo pasado, añade más interrogantes sobre la solvencia y el propósito real de estas operaciones con el erario público..