Corrupción en México: INEGI revela que casi la mitad de víctimas son por seguridad pública

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pintan un panorama complejo de la corrupción en México. Durante el primer semestre de 2025, el 8. 9% de los adultos en zonas urbanas que realizaron un trámite o solicitud ante un servidor público fue víctima de un acto de corrupción.

Sin embargo, la cifra se dispara de manera alarmante al analizar las interacciones con autoridades de seguridad pública, donde el 45. 2% de las personas reportó haber sido víctima. Este fenómeno afectó en mayor medida a los hombres, con un 49. 9%, frente a un 36. 8% de las mujeres.

Aunque se observa una moderación general y una disminución significativa en la prevalencia entre mujeres comparada con el segundo semestre de 2024, el contacto con policías y fuerzas de seguridad sigue siendo el ámbito más propenso para estos delitos, manteniéndose como una de las principales preocupaciones ciudadanas. El contexto histórico y sectorial del problema revela su profundidad y extensión.

Según cifras de 2023, último año con datos completos, más de 169,000 empresas en el país fueron víctimas de corrupción, siendo las empresas medianas las más afectadas. Paralelamente, el sistema de rendición de cuentas muestra actividad, con más de 40,000 investigaciones por faltas administrativas iniciadas en la Administración Pública Federal ese mismo año.

A nivel estatal, entidades como Quintana Roo y Chihuahua presentaron las tasas más altas de investigaciones por cada mil servidores públicos. No obstante, estas cifras de investigación contrastan con el número final de sanciones, que a nivel federal fue el más bajo desde 2018, y donde estados como Baja California Sur y Colima no registraron sanciones.

Las consecuencias de estos hallazgos son multifacéticas y de largo alcance. En primer lugar, la alta incidencia en seguridad pública erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales para el estado de derecho, perpetuando un ciclo de impunidad y desconfianza.

Para el sector empresarial, especialmente las medianas empresas, la corrupción actúa como un impuesto ilegal que distorsiona la competencia, desincentiva la inversión y frena el crecimiento económico. Finalmente, la disparidad entre el número de investigaciones iniciadas y las sanciones efectivas aplicadas, tanto a nivel federal como estatal, señala debilidades críticas en los mecanismos de procuración de justicia y en la aplicación efectiva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esto subraya la urgencia de fortalecer no solo la detección, sino también la sanción y la prevención, para lograr un impacto tangible en la reducción de este flagelo que frena el desarrollo nacional..