Crisis de datos en México: 132 mil desaparecidos y un 36% sin información básica para su búsqueda

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló una cifra estremecedora: 132,534 personas registradas como desaparecidas en México. Sin embargo, el dato más alarmante es que el 36% de estos casos, aproximadamente 47,712 registros, carecen de información básica como nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar o contexto de la desaparición.

Esta ausencia crítica de datos, según explicó la titular Marcela Figueroa Franco, imposibilita prácticamente cualquier acción efectiva de búsqueda e investigación, dejando a miles de familias en una incertidumbre perpetua. La funcionaria atribuyó este grave vacío a los procedimientos anteriores a la reforma legal de 2025, donde no se exigían datos mínimos para ingresar un reporte en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El contexto de esta crisis se remonta a la estrategia de seguridad iniciada en 2006, periodo a partir del cual se dispararon las desapariciones en el país. Figueroa Franco detalló que, del total histórico, solo un 33% de los registros (43,128 casos) cuenta con datos completos y no ha mostrado actividad posterior en cruces con bases de datos administrativas.

Un segundo grupo, que representa el 31% (40,308 casos), sí tiene información suficiente pero ha revelado, tras exhaustivas revisiones, indicios de vida después de la desaparición reportada, como altas en el SAT, registros de vacunación, inscripciones en el INE e incluso matrimonios.

Esto expone graves fallas en la depuración y actualización de los registros, donde personas que siguen con su vida normal permanecen erróneamente en las listas de desaparecidos. Las consecuencias de esta desorganización son profundas.

Por un lado, se diluyen los recursos y esfuerzos de búsqueda en casos sin datos o con información obsoleta, restándole eficacia a las acciones dirigidas a quienes genuinamente necesitan ser localizados. Por otro, se inflan artificialmente las cifras oficiales, dificultando una comprensión real de la magnitud y características del problema.

Para enfrentar este caos, el gobierno federal ha implementado una estrategia de cruce de datos masivo con instituciones como el INE y compañías telefónicas, logrando ya la localización y cambio de estatus de 5,269 personas. No obstante, el reto persiste: miles de casos sin datos mínimos requieren una revisión manual y una reingeniería profunda de los sistemas de registro, mientras las fiscalías estatales deben transformar los simples reportes en carpetas de investigación formal, algo que solo ocurre en una minoría de los casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de estas investigaciones formales para discernir, por ejemplo, los casos potencialmente vinculados al reclutamiento forzado por el crimen organizado..