Crisis de datos en México: 132 mil desaparecidos y 36% sin información para su búsqueda

La cifra oficial de personas desaparecidas en México alcanza las 132 mil 534, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De este total alarmante, un 36%, que representa aproximadamente 47 mil 712 casos, carece de información básica como nombre, sexo, fecha de nacimiento o el contexto de la desaparición, lo que hace prácticamente imposible iniciar una búsqueda efectiva.

La titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, explicó que esta grave deficiencia se debe a que, antes de la reforma en materia de desapariciones de 2025, no se exigían datos mínimos al momento de subir un reporte al Registro Nacional. Esta situación deja a decenas de miles de familias en una incertidumbre perpetua, sin un camino claro para encontrar a sus seres queridos, y evidencia fallas estructurales en los sistemas de registro e investigación previos.

El contexto de esta crisis se profundiza al analizar los otros grupos identificados por el SESNSP. Un 31% de los registros, equivalentes a unos 40 mil 308 casos, sí cuentan con datos suficientes, pero cruces con bases administrativas han revelado que esas personas realizaron actividades después de su fecha de desaparición reportada, como matrimonios, trámites fiscales o inscripciones en el padrón electoral.

Esto sugiere que una parte significativa de las desapariciones reportadas podrían corresponder a personas que no fueron víctimas de un delito, sino que por diversas razones cortaron contacto, un fenómeno que requiere de protocolos de verificación rigurosos.

Por otro lado, el 33% restante, unos 43 mil 128 casos, son registros con datos completos donde no se ha encontrado ninguna actividad posterior, concentrando los esfuerzos más urgentes de búsqueda e investigación. Las consecuencias de este panorama son multifacéticas y graves.

Para las familias, la falta de datos significa la negación del derecho a la verdad y a la justicia, perpetuando un duelo sin cierre. Para el Estado, representa un enorme desafío operativo y de credibilidad, obligando a destinar recursos para depurar y corregir una base de datos históricamente mal construida.

En respuesta, el gobierno federal ha implementado una Estrategia de Búsqueda que incluye la verificación activa mediante llamadas y visitas domiciliarias para obtener pruebas de vida, lo que ha permitido cambiar el estatus a localizada de más de 5 mil 200 personas. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de que las fiscalías abran carpetas de investigación formales, no solo reportes, para casos que pudieran estar vinculados al reclutamiento forzado por el crimen organizado, permitiendo un análisis contextual más profundo.

Aunque se reporta que desde 2006 se ha localizado al 66% de las personas alguna vez inscritas en el registro, la sombra de decenas de miles de casos sin datos y la lentitud en las investigaciones formales revelan una deuda pendiente en la garantía del derecho a la identificación y la búsqueda efectiva en México..