Crisis del agua en San Luis Potosí: contaminación y politización amenazan el suministro público

La situación hídrica en San Luis Potosí atraviesa una tormenta perfecta de problemas técnicos, financieros y, de manera especialmente grave, políticos. Un reciente estudio del Grupo Universitario del Agua de la UASLP ha encendido las alarmas al detectar concentraciones de riesgo de arsénico y flúor en el 13% de los pozos de la zona metropolitana, afectando principalmente al surponiente.

El informe, basado en datos recabados hasta 2024, también advierte sobre la presencia de hidrocarburos y microplásticos, subrayando la urgencia de implementar tecnologías avanzadas como la ósmosis inversa para garantizar agua segura a la población. Este hallazgo objetivo, sin embargo, se ha topado con un muro de desdén y politización por parte de las autoridades responsables.

La respuesta inicial del gobierno municipal fue desestimar el estudio, alegando sin fundamento que utilizaba datos obsoletos, una afirmación que los académicos debieron rectificar públicamente. Por su parte, la Comisión Estatal del Agua estatal fue más allá, sugiriendo que la investigación buscaba generar alarma social, una postura que evidencia la habitual desconfianza de la administración estatal hacia la universidad autónoma.

Este rechazo a la evidencia técnica no es un hecho aislado, sino parte de un patrón donde los órganos consultivos y científicos son vistos como adversarios en lugar de aliados. El contexto de esta crisis es una gestión del agua históricamente marcada por la sequía, la infraestructura obsoleta y una crónica falta de recursos.

Sin embargo, la capa de complejidad más dañina la añade la constante pugna política entre diferentes niveles de gobierno y la instrumentalización de las instituciones.

Ejemplos claros son las batallas por las tarifas del Interapas, donde prevalece un criterio populista sobre la sostenibilidad financiera, y el bloqueo sistemático a la coordinación entre el estado y el municipio capital. Incluso instancias creadas para el diálogo, como el Consejo Hídrico Estatal, son ignoradas o atacadas cuando sus recomendaciones resultan incómodas, como sucedió con sus críticas al proyecto del parque acuático Dino Oasis en medio de la escasez.

Esta dinámica convierte cada problema técnico en un campo de batalla político, retrasando y desvirtuando las soluciones urgentes que la población requiere. Las consecuencias de esta mezcla tóxica de negligencia y confrontación son profundamente graves para los potosinos.

En primer lugar, se pone en riesgo directo la salud pública al ignorar y minimizar la contaminación del agua con elementos cancerígenos y neurotóxicos como el arsénico y el flúor. En segundo término, la falta de voluntad política para modernizar la infraestructura y aceptar diagnósticos expertos condena al sistema a una crisis perpetua, donde las soluciones de fondo son pospuestas por parches y disputas partidistas.

Finalmente, este escenario erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, al evidenciar que la preservación de intereses políticos y el control presupuestal, incluso mediante prácticas financieras opacas como las denunciadas por el Poder Judicial, se priorizan por encima del derecho humano al agua limpia y accesible. La solución, como señalan los expertos, requiere depolitizar la gestión hídrica y restaurar la rectoría técnica, un camino que las autoridades actuales parecen resistirse a tomar..