Crisis económica por COVID-19 incrementa la participación de mujeres en delitos y relaciones de riesgo

La emergencia sanitaria por COVID-19 provocó un aumento histórico en la participación de mujeres en actividades vinculadas a la delincuencia organizada. Autoridades estatales confirmaron que la pérdida masiva de empleos y la crítica falta de ingresos durante la pandemia llevaron a muchas mujeres a involucrarse en narcomenudeo o a establecer relaciones sentimentales con personas dentro del crimen organizado como estrategia de supervivencia económica.

Este fenómeno ha tenido un costo humano devastador, incrementando el número de mujeres víctimas de homicidio doloso. La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, explicó que contextos de extrema desigualdad, abandono y la carga de sostener solas a sus hijos las colocaron en situaciones de alta vulnerabilidad.

Muchas aceptan estos riesgos por miedo a denunciar a sus parejas delincuentes, a pesar de existir líneas de ayuda y refugios especializados. Las autoridades ofrecen valoraciones de riesgo, planes de seguridad y acompañamiento psicológico para proteger a estas mujeres, incentivando la denuncia como paso crucial para romper el ciclo.

Las consecuencias de esta problemática se extienden gravemente al núcleo familiar, especialmente a los menores de edad. Cuando las mujeres son asesinadas o encarceladas, muchos niños y niñas quedan en situación de orfandad.

Gloria Bazán, directora del DIF, señaló que, siempre que no exista vulneración de derechos, se busca reintegrar al menor con familiares extensos. Sin embargo, este proceso se complica cuando las familias rehúsan ayudar por temor a represalias de grupos delictivos.

El impacto psicológico en la infancia es profundo, generando a menudo conductas disruptivas y dificultades para integrarse socialmente, lo que perpetúa ciclos de violencia. Frente a este escenario, las instituciones hacen un llamado urgente a la denuncia y a priorizar la protección infantil.

Existen líneas de emergencia como el 911, el 070 para mujeres y el 075 para casos de menores en riesgo. La Procuraduría de la Defensa del Menor investiga cada caso donde un niño haya sufrido negligencia o violencia.

Expertas enfatizan que recuperar a un adulto dañado es muy complicado, por lo que la intervención temprana en la infancia es fundamental para construir futuros ciudadanos sanos y romper la transmisión intergeneracional del delito y la violencia que la crisis pandémica exacerbó..