Crisis hídrica en San Luis Potosí: contaminación, politización y desprecio a la ciencia

La grave crisis del agua en San Luis Potosí ha encontrado un nuevo y alarmante capítulo con la revelación de un estudio científico que confirma la presencia de contaminantes peligrosos en los mantos acuíferos. El Grupo Universitario del Agua de la UASLP documentó que en 13 por ciento de los pozos monitoreados existen concentraciones de riesgo de flúor y arsénico, elementos nocivos para la salud humana, afectando principalmente a la zona surponiente de la área metropolitana.

Además, la investigación detectó la presencia de hidrocarburos y microplásticos, evidenciando también contaminación de origen antropogénico. Los expertos advirtieron la urgente necesidad de implementar tecnologías avanzadas, como sistemas de ósmosis inversa, para tratar el agua y garantizar su potabilidad ante este severo problema de salud pública que crece de manera silenciosa.

Este hallazgo técnico, sin embargo, se topó de inmediato con el muro de la politización que caracteriza la gestión hídrica en la entidad. Las respuestas oficiales fueron de negación y minimización.

El presidente municipal de la capital, Enrique Galindo, desestimó inicialmente el informe, alegando sin pruebas que usaba datos obsoletos, una afirmación que el GUA rápidamente desmintió al aclarar que la información era reciente y recabada hasta 2024. Tras la corrección pública, el alcalde rectificó su postura.

Por su parte, la Comisión estatal del Agua, bajo el mando de Pascual Martínez Sánchez, fue más lejos y sugirió que el estudio buscaba generar alarma social, desacreditando el trabajo académico sin presentar contraevidencia científica alguna. Este patrón de desprecio hacia los organismos técnicos no es aislado y refleja una dinámica perniciosa donde la verdad científica se subordina a los intereses políticos coyunturales.

El contexto de esta reacción hostil se enmarca en una larga historia de conflictos y falta de coordinación en la política hídrica estatal. Problemas estructurales como la sequía crónica, la falta de inversión y las fallas del acueducto El Realito se ven agravados por una constante pugna política entre los distintos niveles de gobierno.

Ejemplo de ello es la batalla por las tarifas del Interapas, donde prevalece un criterio populista, y el enfrentamiento estéril entre la administración estatal de Ricardo Gallardo y la capitalina. En este escenario, órganos como el Consejo Hídrico Estatal, revivido por el gobierno estatal, han pasado de ser potenciales aliados a ser vistos como adversarios cuando sus recomendaciones técnicas chocan con los proyectos oficiales, como el polémico parque acuático Dino Oasis, cuestionado por su derroche de agua en tiempos de escasez.

La politización sistemática convierte cada hallazgo técnico en un problema político y cada solución en un campo de batalla, paralizando la acción efectiva. Las consecuencias de esta gestión fragmentada y politizada son profundas y multidimensionales.

En primer lugar, se retrasan indefinidamente las soluciones técnicas urgentes requeridas para descontaminar el agua, exponiendo a la población a riesgos graves de salud a largo plazo. Segundo, se erosiona la credibilidad de las instituciones y se socava la confianza ciudadana, ya que las autoridades prefieren negar los problemas antes que enfrentarlos con transparencia y colaboración.

Tercero, esta dinámica se ve exacerbada por las prácticas presupuestarias opacas del gobierno estatal, ilustradas por el caso del Poder Judicial, al que se le niegan partidas asignadas para luego ofrecerle préstamos con los mismos recursos, un mecanismo surrealista de control que evidencia either una grave incompetencia administrativa o una perversa estrategia de dominación política. La combinación de contaminación, desprecio a la ciencia y asfixia financiera pinta un panorama desolador para el futuro del agua en San Luis Potosí, donde la necesidad más básica de la población se sacrifica en el altar de la conveniencia política..