Desapariciones en México: Estado y narcopolítica, un vínculo histórico de impunidad y poder

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, estableció recientemente una distinción histórica oficial sobre las desapariciones en México. Por un lado, situó la guerra sucia (1950-1990), donde el Estado, bajo el PRI, utilizó la desaparición forzada como herramienta de represión política contra disidentes.

Por otro, identificó el periodo iniciado en 2006 con la guerra contra el narcotráfico, donde atribuyó las desapariciones masivas principalmente a particulares y a la delincuencia organizada. Esta separación cronológica, sin embargo, corre el riesgo de simplificar una realidad compleja y eximir de responsabilidad continua al aparato estatal.

El contexto revela que la línea entre el Estado y el crimen organizado ha sido históricamente porosa. Grupos narcotraficantes clave surgieron hace décadas bajo el cobijo de agencias estatales como la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), y métodos de represión estatal fueron replicados por los cárteles.

La evolución de Los Zetas, fundados por desertores de élite del Ejército, es un ejemplo emblemático. Esta simbiosis inicial evolucionó hacia una narcopolítica donde alcaldes, gobernadores y funcionarios de alto nivel, como Genaro García Luna, han sido acusados de asociación con grupos criminales responsables de miles de desapariciones.

Las consecuencias de este entramado son una impunidad estructural y la perpetuación del crimen. Casos como los de Tequila, Jalisco, o Iguala, Guerrero, demuestran que las desapariciones actuales rara vez son actos de particulares ajenos al poder.

Son, más bien, crímenes de poder ejecutados desde o con la complicidad de instituciones locales, donde el narco y el gobierno operan con un mismo sello. Esta complicidad implica actos de autoridad, encubrimiento y omisión que facilitan y permiten la repetición del delito.

Por tanto, entender las desapariciones de la narcoviolencia como un fenómeno exógeno al Estado es un autoengaño peligroso. La desaparición es una estrategia para dominar territorio, someter gobiernos y controlar economías, y su posibilidad depende de piezas estatales corruptas.

Reconocer esta responsabilidad institucional continua, más allá de los dos momentos históricos, es condición básica para desmantelar las redes criminales y buscar justicia para las más de cien mil víctimas registradas en el país..